Esta semana, se dio a conocer que las paradas tipo Dubai, o denominadas “de alta densidad”, pasarían a manos de la Agencia Estatal de Movilidad, para que formen parte de un sistema integral de estaciones de transporte público, que brindarán mejores condiciones a los usuarios.
Es preciso remontarnos a la historia de estos paraderos, pues con la expectativa de instalar zonas de abordaje del transporte público de “primer mundo”, se puso en marcha la construcción y operación de 13 paradas de alta densidad, en agosto de 2018.
La administración del entonces presidente municipal Marcos Aguilar Vega, invirtió en estos espacios alrededor de 33 millones 420 mil pesos. Donde, la promesa era que contarían con wifi, videovigilancia, aire lavado, pantallas informativas y elementos de apoyo para personas con discapacidad y de la tercera edad; como en Dubai.
Para este objetivo, se formuló un contrato de usufructo hasta por 20 años, para que la empresa Compromiso Mexicano Comercial S.A. de C.V. pudiera explotar los espacios de publicidad, a cambio de que ésta diera mantenimiento y operatividad a las paradas.
A lo largo de estos cinco años, fueron pocos los momentos (al inicio del proyecto) en los que se pudo notar el funcionamiento de las paradas; y nunca se logró consolidar, por ejemplo, la intervención del entonces Instituto Queretano del Transporte para que en las pantallas de las paradas se otorgará información sobre horarios y rutas del transporte Qrobús.
Hoy en día, que se revocó dicho contrato a la empresa para entregar las paradas al gobierno estatal, el municipio de Querétaro dice que “la sanción máxima” para la empresa fue simplemente quitarles el usufructo.
Lo interesante es que parecería que en el gobierno capitalino no importa si las empresas cumplen o no con sus responsabilidades, pues solamente se aplican las sanciones sin que se castigue, por ejemplo, el incumplimiento de la empresa durante cinco años.
Y aún más interesante resulta conocer que, si no es por los cuestionamientos de los medios de comunicación, no se habría iniciado por parte de la Secretaría del Ayuntamiento la denuncia para investigar más a fondo el actuar de la empresa, y también de los funcionarios y exfuncionarios públicos involucrados.
Claramente, si hacemos cuentas, la investigación no sólo involucraría a exfuncionarios de Marcos Aguilar; sino también a funcionarios actuales, pues el Órgano Interno de Control refirió este viernes que se investigará “si algún servidor público fue omiso en administrar el contrato de concesión; si hubo una adecuada supervisión de la ejecución de esta concesión”.