México, 6 May. (Notimex).- La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) denunció la violación de los derechos de una empresa, toda vez que el director de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Puebla, Emilio del Valle Rodríguez, decidió cancelar e inmovilizar sus cuentas luego de una auditoría.
En un comunicado, el organismo defensor del contribuyente explica que la compañía tuvo que soportar una visita de auditoría fiscal durante un año, y cuando le determinaron su adeudo lo consideró improcedente, ante los cual interpuso los medios de defensa respectivos.
Indica que a pesar de que la firma ofreció garantizar el cobro de la deuda con el embargo del negocio, el secretario de Finanzas de Puebla nunca respondió a tal solicitud y decidió inmovilizar sus cuentas, con lo cual paralizó las operaciones de la empresa.
La recomendación 3/2013 de la Prodecon estima que se violaron los derechos fundamentales de propiedad privada de la compañía, seguridad jurídica, legalidad y debido proceso, toda vez que la autoridad estatal ordenó la inmovilización de cuentas del empresario.
De tal forma, expone el reporte, el funcionario Emilio del Valle rechazó cumplir con la recomendación de la Prodecon y que su actuación "contrasta con la excelente disposición y respeto que han observado las autoridades fiscales federales" en cuanto a las sugerencias del ombudsman fiscal.
Advierte que el asunto resulta grave en el marco del actual mandato constitucional que, en su artículo primero, obliga a todas las autoridades a procurar la protección más amplia de los derechos fundamentales del gobernado.
En un comunicado, el organismo defensor del contribuyente explica que la compañía tuvo que soportar una visita de auditoría fiscal durante un año, y cuando le determinaron su adeudo lo consideró improcedente, ante los cual interpuso los medios de defensa respectivos.
Indica que a pesar de que la firma ofreció garantizar el cobro de la deuda con el embargo del negocio, el secretario de Finanzas de Puebla nunca respondió a tal solicitud y decidió inmovilizar sus cuentas, con lo cual paralizó las operaciones de la empresa.
La recomendación 3/2013 de la Prodecon estima que se violaron los derechos fundamentales de propiedad privada de la compañía, seguridad jurídica, legalidad y debido proceso, toda vez que la autoridad estatal ordenó la inmovilización de cuentas del empresario.
De tal forma, expone el reporte, el funcionario Emilio del Valle rechazó cumplir con la recomendación de la Prodecon y que su actuación "contrasta con la excelente disposición y respeto que han observado las autoridades fiscales federales" en cuanto a las sugerencias del ombudsman fiscal.
Advierte que el asunto resulta grave en el marco del actual mandato constitucional que, en su artículo primero, obliga a todas las autoridades a procurar la protección más amplia de los derechos fundamentales del gobernado.
