México. 16 Sep. (Notimex).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la recomendación 34/2013 al gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, por la "deficiente investigación" del homicidio de un menor ocurrido el 14 de julio de 2011.
En un comunicado, el organismo resaltó el extravío de los objetos personales del fallecido, "hubo negligencia en la práctica de diligencias, duplicación de expedientes, su necropsia se realizó con el nombre de otra persona, y dilación de más de dos años para resolver la indagatoria, la cual está en integración".
El ente defensor de las garantías individuales indicó que el cuerpo del menor fue hallado en un terreno baldío, y presuntamente las causas de la muerte fue ahorcamiento, por lo que sus padres interpusieron una denuncia, dándose inicio a la averiguación previa.
Sin embargo, 14 días después de los hechos, acudieron a la Fiscalía General del Estado de Yucatán a presentar una queja por "las deficiencias en la integración de la indagatoria".
Luego que los afectados solicitaran la intervención de la CNDH, este organismo envió visitadores adjuntos y peritos, con la finalidad de investigar y analizar la información recabada.
Dijo que al encontrarse irregularidades formalizó una conciliación, donde la fiscalía de Yucatán aceptó ocho puntos relativos a "la integración adecuada y un plazo breve de la averiguación previa".
Además se comprometió a hacer el pronunciamiento respecto a las evidencias recabadas por la CNDH, las razones por las que el padre solicitó la exhumación del cadáver y se reconozca a los padres de la víctima el carácter de coadyuvantes.
Otros puntos son la reparación de daños y atención victimológica a los parientes del menor, diseñar y brindar capacitación en materia de derechos humanos, así como dar vista a la Visitaduría General de la fiscalía contra los servidores públicos que participaron en el caso.
Sin embargo, a más de 90 días después y al no tener la autoridad competente elementos que acreditaran el cumplimiento de los puntos, se acordó la reapertura del expediente, haciendo llegar este organismo la evidencias para que se integraran y analizaran dentro de la investigación.
A pesar de esto, la CNDH advirtió "la persistencia de conductas violatorias a derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica, trato digno, verdad, debida procuración y acceso a la justicia en agravio de los familiares de la víctima".
Detalló que entre las irregularidades se encuentran dos expedientes, no se agotó la diligencia de exhumación del cuerpo y el dictamen de criminalística.
También no fueron llamados a declarar 20 testigos que pudieran aportar elementos a la investigación, no se ordenó cronológicamente el expediente y se obstaculizó la actuación de este organismo.
Dijo que en la necropsia practicada al cuerpo de la víctima aparece el nombre de una persona ajena a la indagatoria, no se localizaron prendas de vestir del la víctima, su teléfono celular, memorias electrónicas, y que no existen las diligencias para encontrarlas ni el rastreo de llamadas realizadas desde el teléfono móvil.
"La actuación irregular corresponde a servidores públicos de la Fiscalía General del Estado, en particular agentes del Ministerio Público, de la Policía Ministerial estatal, médicos forenses y el fiscal investigador de la Agencia Décima Tercera", señaló.
En este sentido, la CNDH recomendó al gobernador Rolando Zapata Bello, subsane las irregularidades, se cumpla con los acuerdos de conciliación suscritos y se reparen los daños a los familiares del menor asesinado.
En un comunicado, el organismo resaltó el extravío de los objetos personales del fallecido, "hubo negligencia en la práctica de diligencias, duplicación de expedientes, su necropsia se realizó con el nombre de otra persona, y dilación de más de dos años para resolver la indagatoria, la cual está en integración".
El ente defensor de las garantías individuales indicó que el cuerpo del menor fue hallado en un terreno baldío, y presuntamente las causas de la muerte fue ahorcamiento, por lo que sus padres interpusieron una denuncia, dándose inicio a la averiguación previa.
Sin embargo, 14 días después de los hechos, acudieron a la Fiscalía General del Estado de Yucatán a presentar una queja por "las deficiencias en la integración de la indagatoria".
Luego que los afectados solicitaran la intervención de la CNDH, este organismo envió visitadores adjuntos y peritos, con la finalidad de investigar y analizar la información recabada.
Dijo que al encontrarse irregularidades formalizó una conciliación, donde la fiscalía de Yucatán aceptó ocho puntos relativos a "la integración adecuada y un plazo breve de la averiguación previa".
Además se comprometió a hacer el pronunciamiento respecto a las evidencias recabadas por la CNDH, las razones por las que el padre solicitó la exhumación del cadáver y se reconozca a los padres de la víctima el carácter de coadyuvantes.
Otros puntos son la reparación de daños y atención victimológica a los parientes del menor, diseñar y brindar capacitación en materia de derechos humanos, así como dar vista a la Visitaduría General de la fiscalía contra los servidores públicos que participaron en el caso.
Sin embargo, a más de 90 días después y al no tener la autoridad competente elementos que acreditaran el cumplimiento de los puntos, se acordó la reapertura del expediente, haciendo llegar este organismo la evidencias para que se integraran y analizaran dentro de la investigación.
A pesar de esto, la CNDH advirtió "la persistencia de conductas violatorias a derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica, trato digno, verdad, debida procuración y acceso a la justicia en agravio de los familiares de la víctima".
Detalló que entre las irregularidades se encuentran dos expedientes, no se agotó la diligencia de exhumación del cuerpo y el dictamen de criminalística.
También no fueron llamados a declarar 20 testigos que pudieran aportar elementos a la investigación, no se ordenó cronológicamente el expediente y se obstaculizó la actuación de este organismo.
Dijo que en la necropsia practicada al cuerpo de la víctima aparece el nombre de una persona ajena a la indagatoria, no se localizaron prendas de vestir del la víctima, su teléfono celular, memorias electrónicas, y que no existen las diligencias para encontrarlas ni el rastreo de llamadas realizadas desde el teléfono móvil.
"La actuación irregular corresponde a servidores públicos de la Fiscalía General del Estado, en particular agentes del Ministerio Público, de la Policía Ministerial estatal, médicos forenses y el fiscal investigador de la Agencia Décima Tercera", señaló.
En este sentido, la CNDH recomendó al gobernador Rolando Zapata Bello, subsane las irregularidades, se cumpla con los acuerdos de conciliación suscritos y se reparen los daños a los familiares del menor asesinado.
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