Cayó responsable del incendio en restaurante La Bocha en Querétaro

Fiscalía de Querétaro logra vinculación a proceso del presunto autor del incendio intencional en La Bocha. Detenido en Irapuato, enfrenta prisión preventiva.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Querétaro realizan diligencias en el lugar de los hechos para recabar evidencias del incendio provocado.
Elementos de la Fiscalía General del Estado de Querétaro realizan diligencias en el lugar de los hechos para recabar evidencias del incendio provocado.

Querétaro, 6 de agosto de 2025.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de una persona como probable responsable del incendio intencional que afectó al restaurante La Bocha, ubicado en Boulevard Bernardo Quintana, el pasado 26 de mayo de 2024

El imputado enfrenta cargos por el delito de daños dolosos y permanecerá en prisión preventiva durante el desarrollo del proceso penal.


De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el probable autor provocó deliberadamente un incendio en las instalaciones del conocido establecimiento comercial de la capital queretana, causando daños considerables a la infraestructura del inmueble. 

El fuego afectó significativamente las operaciones del restaurante, que tuvo que suspender actividades temporalmente para realizar las reparaciones necesarias.

Investigación y captura coordinada

Personal ministerial, policial y pericial de la Fiscalía General del Estado de Querétaro realizó exhaustivas diligencias para el esclarecimiento de los hechos. 

Los elementos recabados durante la investigación permitieron identificar al presunto responsable y reunir los datos de prueba necesarios para solicitar la orden de aprehensión correspondiente ante la autoridad judicial.

La detención del imputado se concretó mediante un operativo coordinado con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, donde el sospechoso fue localizado en la ciudad de Irapuato

Las autoridades guanajuatenses colaboraron activamente en la captura y posterior traslado del detenido a territorio queretano, donde fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Como parte de las acciones de investigación, las autoridades procedieron al aseguramiento de un vehículo que presuntamente fue utilizado durante la comisión del delito. Este elemento será analizado como parte de las pruebas que se presentarán durante el proceso penal.

Medidas cautelares y proceso judicial

Durante la audiencia inicial celebrada ante un juez de control, la representación social presentó los elementos de prueba recabados durante la investigación. Tras evaluar los datos aportados, la autoridad judicial determinó vincular a proceso al imputado por su probable participación en los hechos delictivos.

El juez impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada, considerando la gravedad del delito y el riesgo de sustracción de la justicia. Asimismo, estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria, periodo durante el cual el Ministerio Público deberá perfeccionar la acusación y recabar elementos adicionales de prueba.

Compromiso institucional contra la impunidad

"La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de investigar y perseguir los delitos que afectan a la ciudadanía", señalaron autoridades ministeriales. 

La institución destacó la importancia del trabajo coordinado entre fiscalías estatales para garantizar que ningún delincuente evada la acción de la justicia aprovechando los límites territoriales.

Este caso ejemplifica la efectividad de la colaboración interinstitucional en materia de procuración de justicia. La coordinación entre las fiscalías de Querétaro y Guanajuato permitió la pronta localización y detención del presunto responsable, evitando que permaneciera prófugo de la justicia.

Las autoridades ministeriales continuarán con las investigaciones para determinar si existen otros participantes en los hechos delictivos. La Fiscalía trabaja también en la cuantificación precisa de los daños causados al inmueble, información que será fundamental para garantizar la reparación integral del daño a las víctimas del delito.