El Fiscal detalló principalmente las acciones durante su tercer año al frente de esta instancia, desde mayo 2019 a febrero 2020; dando a conocer que se han generado ya 41 denuncias atendidas en contra de servidores públicos.
Esto, afirmó Vargas Salazar, representa un incremento del 11 por ciento más respecto al año anterior.
Señaló que los delitos que más se han investigado son desempeño irregular de funciones públicas; cohecho; enriquecimiento ilícito; negociaciones ilícitas; peculado, desempeño indebido del servicio público y delitos contra la administración de justicia.
Benjamin Vargas comentó que se han judicializado 18 expedientes, teniendo como resultado la sanción a 21 personas, y obteniendo el resarcimiento del daño por un millón 827 mil pesos.
Destacó que, con estas cifras, se tiene un ritmo de judicializacion de una de cada tres carpetas de investigación.
Se obtuvieron tres fallas condenatorias por los delitos de cohecho, desempeño indebido de sus funcionales y peculado, logrando penas de 2 a 5 años de prision y la inhabilitación para ocupar algún cargo público.
A 14 personas se les dictó la suspensión condicional del procedimiento penal, luego de que los jueces impusieran obligaciones procesales, las cuales fueron cumplidas en su totalidad.
Se dictaron 579 actos de investigación dirigidos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, elSistema de Administración Tributaria y demás dependencias gubernamentales.
Destacó que el grupo de policías anticorrupción tiene un 96 por ciento de eficiencia en su actuar, y se elaboraron 543 labores de inteligencia en fuentes abiertas y cerradas.
Asimismo, se investigó la situación contable y financiera de 33 personas morales, para ampliar el espectro de investigacion.
Vargas Salazar enfatizó que la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción participó de manera activa en la conformación del banco de ADN de la Fiscalía General del Estado.
Indicó que no ha existido pronunciamientos de instancias protectoras de derechos humanos;y que todos los funcionarios integrantes de la fiscalia hicieron sus declaraciones patrimoniales y aplicaron las pruebas toxicológicas.