Querétaro, 31 enero 2025.- La diputada local de Morena y presidenta de la Mesa Directiva en el Congreso de Querétaro, Andrea Tovar, informó que las elecciones para personas juzgadoras en Querétaro, inicialmente planeadas para este año, se llevarán a cabo hasta 2027.
Explicó que este retraso se debe a los transitorios de la reforma federal, que establecen que, si la reforma constitucional no se aprobaba antes del 15 de enero de 2025, el proceso electoral debería posponerse.
Tovar explicó que, aunque originalmente se contempló realizar las elecciones en 2025, el desconocimiento de los detalles del transitorio retrasó el proceso.
“Es una reforma constitucional que debía estar lista para el 14 de marzo, pero los transitorios indican que, si no se cumplía con el plazo del 15 de enero, las elecciones no podrían realizarse en 2025, sino hasta 2027”, detalló.
La legisladora aclaró que, al no haberse aprobado la reforma constitucional dentro del plazo estipulado, las elecciones se ajustan a lo establecido en la ley federal.
Además, destacó que, para este año, aún hay trabajo legislativo pendiente, incluyendo temas prioritarios como los derechos de las mujeres y las reformas al Código Civil, que se abordarán en la primera sesión del año.
El foro reunió a representantes del IEEQ, del Centro de Prevención Social del Delito y organizaciones civiles en torno a la agenda de igualdad sustantiva. 
El foro reunió a representantes del IEEQ, del Centro de Prevención Social del Delito y organizaciones civiles en torno a la agenda de igualdad sustantiva. 
La diputada Sully Mauricio Sixtos, presidenta de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, durante la segunda mesa de trabajo en Tequisquiapan. 
Guillermo Vega Guerrero, coordinador del Grupo Legislativo del PAN, recibió los paquetes con 64 mil 497 firmas en la sede del Congreso de Querétaro. 
El acto reunió a cuatro legisladores panistas y al diputado independiente Enrique Correa Sada; el Frente calificó la entrega como la movilización ciudadana más amplia en el debate del aborto en la entidad. 
La propuesta plantea elevar el mínimo vital de agua de 50 a 100 litros por persona al día y establecer mecanismos de vigilancia ciudadana del servicio.