Querétaro, 29 de mayo de 2025.- La LXI Legislatura del Estado de Querétaro aprobó un exhorto dirigido a los 18 ayuntamientos del estado para que aumenten recursos a sus coordinaciones municipales de Protección Civil, con el objetivo de mejorar infraestructura, equipamiento y profesionalización del personal operativo.
La diputada Teresita Calzada Rovirosa señaló que tras recorrer las unidades municipales mediante el programa “Ruta 18”, detectó condiciones preocupantes como equipos obsoletos, instalaciones deficientes y falta de personal capacitado, lo que pone en riesgo la atención ante emergencias.
“Protección Civil no puede seguir siendo vista como un área secundaria. Se necesita tecnología, capacitación y dignificación laboral para quienes arriesgan su vida por la ciudadanía”, expresó.
Además, el Congreso local aprobó otro dictamen para exhortar al Congreso de la Unión a endurecer las sanciones por incendios forestales provocados, tipificados en el artículo 420 Bis del Código Penal Federal, a fin de inhibir estas conductas con castigos ejemplares.
“Esta iniciativa es un acto de responsabilidad ambiental. No podemos ser indiferentes ante la destrucción de nuestros ecosistemas”, puntualizó Calzada.
El foro reunió a representantes del IEEQ, del Centro de Prevención Social del Delito y organizaciones civiles en torno a la agenda de igualdad sustantiva. 
El foro reunió a representantes del IEEQ, del Centro de Prevención Social del Delito y organizaciones civiles en torno a la agenda de igualdad sustantiva. 
La diputada Sully Mauricio Sixtos, presidenta de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, durante la segunda mesa de trabajo en Tequisquiapan. 
Guillermo Vega Guerrero, coordinador del Grupo Legislativo del PAN, recibió los paquetes con 64 mil 497 firmas en la sede del Congreso de Querétaro. 
El acto reunió a cuatro legisladores panistas y al diputado independiente Enrique Correa Sada; el Frente calificó la entrega como la movilización ciudadana más amplia en el debate del aborto en la entidad. 
La propuesta plantea elevar el mínimo vital de agua de 50 a 100 litros por persona al día y establecer mecanismos de vigilancia ciudadana del servicio.