En la primer reunión, encabezada por la diputada presidenta de la Comisión, Wendy Briseño Zuloaga y la comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Candelaria Ocha Ávalos describieron la situación en la que se encuentra dicho mecanismo creado en 2007 junto con la Ley de General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) para terminar con la violencia feminicida y con cualquier trato jurídico que impida el pleno ejercicio de los Derechos Humanos de las mujeres.
Actualmente existen dos tipos de AVG; por violencia feminicida, que se activa cuando en un territorio específico los casos de feminicidio son elevados; y otra por agravio comparado, que permite señalar ordenamientos jurídicos o políticas públicas que transgredan los derechos de las mujeres.
Una de las principales propuestas de reforma a la AVG es incluir un nuevo tipo de alerta que denominaron como “violencia estructural contra las mujeres” donde se incluiría otro tipo de violencias además de la tipificada como violencia feminicida.
Las reformas también buscan hacer más eficiente el proceso de solicitud de la Alerta, que actualmente está activa en 411 municipios de 18 entidades federativas del país, pero no ha mostrado ningún tipo de resultado favorable para la seguridad de las mujeres que viven ahí.
“Nos damos cuenta que no ha funcionado y esta iniciativa va encaminada a hacer mayor énfasis en el problema y generar iniciativas que funcionen para erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres”, señaló en entrevista para Cimacnoticias, la diputada Maribel Martínez Ruiz, integrante del Partido de Trabajo (PT) y de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.
En este contexto, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) solicitó en 2018 que el programa de la Unión Europea para la Cohesión Social en América Latina, EUROsociaL realizara un análisis de la organización y articulación institucional de los procesos de las AVG.
Una de las conclusiones más importantes de este estudio fue la urgencia de coordinar entre las autoridades federales, estatales y los municipales las acciones para atender las distintas violencias contra las mujeres y no solo el feminicidio debido a que tienen un recorrido que va más allá de las instituciones de justicia. Por ello que las legisladoras integrarán los resultados esta evaluación junto con las fallas detectadas por las organizaciones de la sociedad civil para plantear una solución más amplia y completa del problema.
“Nosotras estamos abiertas para generar una perspectiva y diagnóstico real, necesitamos que las mujeres que se manifiestan en contra de la violencia nos lo hagan saber para escuchar las voces de todas”, dijo Martínez Ruiz para Cimacnoticias. “Es importante escuchar a las expertas, para realizar el mejor análisis posible y tener una dictaminación de iniciativas que sea útil en la protección y garantía de los derechos de las mujeres”, señaló Wendy Briseño Zuloaga, presidenta de la Comisión durante la Mesa de “Alerta de Violencia de Género” en la Cámara de Diputados.
Por su parte la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Senado, Martha Lucía Micher Camarena destacó durante la mesa de trabajo realizada el 22 de agosto con representantes de organizaciones sociales en las instalaciones del Senado, que es necesario revisar muy a fondo todo lo que ayude a garantizar la integridad, vida y libertad de las mujeres, “así como fincar responsabilidades a las autoridades omisas y negligentes”.
Para ello se propone crear mecanismo de transparencia y rendición de cuentas por parte de los gobiernos locales. La Secretaría de Gobernación (Segob) revisaría cada tres meses los avances en el cumplimiento de Alertas a partir de los informes que presenten los gobiernos estatales y de notar mejorías podría levantar la AVG.
Actualmente hay Alertas que llevan cuatro años activas como el caso del Estado de México y Morelos, no obstante, no se tienen informes de rendición de cuentas ni del impacto que ha causado el mecanismo frente a la violencia de género.
También se plantea que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), en su calidad de Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, reciba las peticiones de las Alertas, las cuales pueden ser presentadas por organizaciones de la sociedad civil y organismos de Derechos Humanos y que junto con la Conavim puedan solicitarlas cuando conozcan contextos de violencia extrema contra las mujeres, esto en relación a las Alertas pendientes por declarar, mismas que han quedado estancadas pese a las recomendaciones de Segob, como en el caso de la Ciudad de México que acumula 206 casos de feminicidio en lo que va del 2019, según datos de Thomson Reuters Fundation.
Por último, se busca crear un cuerpo técnico con independencia, que tenga representantes de la Conavim, el Inmujeres, el Poder Judicial, la Fiscalía General de la República, una académica de alguna institución universitaria y una persona de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Este grupo de expertas se encargará de investigar los hechos denunciados en la petición de Alerta, por ello se busca que quede claro en la ley que para integrarse al grupo un requisito fundamental será que se trate de expertas en Derechos Humanos, justicia, perspectiva de género, sociología y antropología.
Estas son propuestas de cómo quedaría el dictamen de reforma, las legisladoras todavía realizarán dos reuniones más para consensuar los cambios y analizar deficiencias importantes como los tiempos del proceso de acceso al mecanismo, entre otras.
La diputada oaxaqueña Maribel Martínez Ruiz, del Partido del Trabajo e integrante la Comisión de Igualdad de San Lázaro, finalizó diciendo que las legisladoras no son ajenas a lo que viven las mujeres en todo el país pues recordó que en su estado al menos 40 municipios tienen AVG “Sabemos que las mujeres tienen mucho que decir. No hemos suspendido el trabajo al respecto, lo estamos haciendo de manera ardua y permanente para tener todos los elementos y así proponer esta reforma en el próximo periodo de sesiones”
Actualmente la AVG está activa en municipios del Estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo, Nayarit, Zacatecas, Oaxaca y Puebla; y la última reforma al mecanismo se realizó en 2013. (Carolina Huerta García)