Ciudad de México. “El daño que me están haciendo al no escuchar mi voz, y al incumplimiento a las obligaciones para garantizar mi acceso a la justicia, están construyendo un contexto muy grave de violencia en mi entorno. Me he visto en la necesidad de pedir protección a los mecanismos nacionales e internacionales para mí, para mi familia, y para la familia de mi esposo, así como para las abogadas que me acompañan”.
Son las palabras de Basilia Castañeda Maciel, la mujer que desde hace cuatro meses rompió el silencio y contó a los medios de comunicación y a la Fiscalía General de la República (FGR) que hace más de dos décadas, cuando tenía 17 años de edad, fue atacada por Félix Salgado Macedonio, el político que la violó sexualmente en su casa, en el municipio de Chilpancingo, cuando ella fue a pedirle ayuda para regresar a Técpan de Galeana, donde vivía.
Con la intención de evidenciar el peligro en el que se encuentra y limpiar su nombre ante la escalada de acusaciones de quienes aseguran que es manipulada para señalar al candidato a gobernador del estado de Guerrero como agresor sexual, Basilia apareció en un video entregado a dos agencias informativas enfocadas en información sobre los derechos de las mujeres, Cimacnoticias y SemMéxico.
Basilia preparó su pronunciamiento después de conocer la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHJ) —el partido que con su liderazgo ayudó a edificar en 2012, en el estado Guerrero— que por mayoría de votos este 26 de febrero, día en que sesionó, los consejeros determinaron que los agravios contra Salgado Macedonio, es decir, las acusaciones de violación sexual, eran infundados.
En la grabación Basilia también se dirigió al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y al presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, quienes han erigido al actual senador con licencia como la pieza clave en el sureste mexicano para lograr la Cuarta Transformación, el concepto que López Obrador creó para referirse a los cambios de fondo que propone su gobierno.
En cuatro meses, desde noviembre de 2020 hasta el 1 de marzo de 2021, el jefe de Estado ha reiterado su apoyo a Salgado Macedonio en al menos seis ocasiones. Cuestionado por la prensa, López Obrador ha repetido una y otra vez que el político guerrerense fue el ganador de las preferencias electorales para ser candidato a gobernador y que el movimiento feminista, al que califica de conservador, lo ataca con fines electorales.
El 19 de noviembre, cuando las defensoras guerrerenses comenzaron a nombrar los antecedentes violentos del senador con licencia, el mandatario dijo en su conferencia mañanera: “Cuando uno es candidato tiene que entregar una carta de no antecedentes penales, y si no hay ningún impedimento legal, pues no se le puede negar a nadie su participación”. Hasta ahora Salgado Macedonio no ha sido sentenciado por ningún delito.
A esa declaración le siguieron cinco más más donde López Obrador desestimó la credibilidad de las denuncias contra su alfil. En la conferencia del 8 de enero dijo que la acusación contra el candidato de Morena era un asunto partidista y producto de la temporada electoral. Ante la insistencia de la prensa sobre qué tan ético es arropar a una persona acusada de un delito sexual para que ocupe un cargo de gobierno, Obrador admitió que ese era un asunto de la “autoridad competente”.
La declaración más reciente del también fundador de Morena fue este 1 de marzo, fecha en la que aseguró que en el asunto de Félix Salgado Macedonio salen a manifestarse legisladoras del PAN, el partido de oposición. En este entorno de apoyo a quien fue presidente estatal del PRD, senador, diputado federal y presidente municipal de Acapulco, Basilia se presentó en este video para hablarle a la militancia del partido que ayudó a fundar y que ahora le avienta la puerta en cara. Parte 1Parte 2
“Su imaginación para buscar desacreditar el dicho de una mujer —dijo Basilia en el video—, tanto como defensora de derechos políticos, como víctimas de violencia sexual en el ámbito político, entristece, pues es completamente contrario a los principios con los cuales fundamos el partido de Morena”.
A los morenistas que la acusan por denunciar ante la Fiscalía General de la República (FGR), en noviembre de 2020, hechos que ocurrieron en 1998 les dijo: “Ustedes han inventado que soy secuestradora, inclusive de niños. Da vergüenza hasta dónde militantes y simpatizantes de Morena prefieren llevar la mala imaginación con tal de no escuchar la oportunidad de cumplir con los valores que nos comprometimos a defender en el partido”.
Al iniciar este año Salgado Macedonio enfrentaba dos denuncias penales por el delito de violación sexual. Una de estas era la de Basilia, expediente que fue enviado por la FGR a la Fiscalía estatal, instancia que enero lo desechó porque, aseguró, prescribió la acción penal. La otra denuncia fue presentada en 2016 y ratificada en 2017 por una mujer que trabajó con el candidato cuando él era director del periódico La Jornada de Guerrero.
Sobre el expediente de 2016, en enero el exfiscal Xavier Olea reveló a los medios que hubo elementos para detener a Salgado Macedonio en 2018, cuando fue candidato y ganó la elección para ser senador por seis años. En esa ocasión, según el dicho de Olea, el gobernador Héctor Astudillo le pidió detener el proceso y no arrestar al morenista. A cuatro años de esta denuncia, este 1 de marzo el actual fiscal de Guerrero, Jorge Zuriel, informó que la investigación sigue abierta y están recabando pruebas.
Además de las denuncias penales, en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena había dos procesos en contra del experredista, uno de los cuales sigue abierto.
El primero se trataba de una investigación de oficio que se abrió en enero a solicitud de la consejera Zazil Carreras, quien consideró necesario una investigación después de las diversas publicaciones periodísticas sobre la presunta violencia sexual que ejerció Salgado Macedonio. Este proceso, en el expediente CNHJ-GRO-014/2021, fue resuelto el 26 de febrero, cuando se determinó que los agravios contra el político eran infundados.
En la investigación que se abrió por oficio se citó a Basilia a comparecer el lunes 15 de febrero. En esa ocasión, sin la presencia de ninguno de los cinco integrantes de la Comisión y por cerca de cuatro horas, Basilia relató la violencia de la que fue víctima hace 22 años. Allí se enfrentó a cuatro abogados del político que intentaron interrogarla para echar abajo su testimonio.
Sin más detalles, la noche del 26 de febrero el organismo intrapartidario informó que, a pesar de no encontrar constancia de mala fama pública del candidato, “instruyó a la Comisión Nacional de Elecciones y a la Comisión Nacional de Encuestas a reponer el proceso de evaluación de perfiles” para elegir a la persona que competirá por la gubernatura del estado. en la elección del próximo 6 de junio. El partido decidió hacer una nueva encuesta en la que aparecerá el nombre de Félix Salgado Macedonio.
Además de esta resolución existe un segundo procedimiento en la CNHJ, éste solicitado por Basilia, y registrado en el número CNHJ-GRO/029/2021. En este caso aún no hay una resolución de parte del organismo intrapartidario integrado por Eloísa Vivanco, Donají Alba, Zazil Carreras, Alejandro Viedma y Vladimir Ríos.
En el video que difundió la denunciante, expuso que cómo lo narró a los medios, desde el 5 de enero pidió medidas de protección a la CNHJ, solicitud que ha hecho en cuatro ocasiones sin obtener respuesta favorable. “No solo no me han dado medidas cautelares para protegerme ante todas las falsedades y ambiente de odio que están propiciando los dirigentes de Morena, sino que ha sido humillante la forma en como me convocaron, a escuchar mi testimonio, sin estar presentes, sin tomarlo en cuenta ahora en su resolución del procedimiento de oficio” .
A cuatro días de que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero decida aceptar o rechazar la solicitud de candidatura presentada por el guerrerense el 15 de febrero, y sin saber cuándo se realizará la nueva encuesta de Morena, Basilia apeló a las autoridades, a los dirigentes de su partido y a la sociedad en general: “Construyan las condiciones para que las mujeres como yo que denuncian, y pedimos justicia, tengamos las condiciones de seguridad para ser escuchadas, para que se haga justicia”.
Claudia Licea Cortés citó a medios para el miércoles 22 de abril en el Portal de Reyes con documentos que, dice, acreditan irregularidades ministeriales en el caso de la odontóloga asesinada.
México, 13 de abril de 2026. —Una mujer nahua de 36 años originaria de la comunidad de Ayotzinapa, en el municipio guerrerense de Tlapa, comenzó a cortar verduras chinas en campos agrícolas de Sinaloa cuando tenía 14 años. Su hija mayor, de 15, ya la acompaña en los surcos.
El testimonio de Obdulia Marcos Ramírez, difundido este mes por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan a través de la agencia SEMlac, expone cómo la explotación laboral en los campos agrícolas mexicanos se transmite de una generación a la siguiente entre las familias jornaleras indígenas del sur del país.
Marcos Ramírez nació en agosto de 1989 en una choza de adobe y zacate en la Montaña de Guerrero, una de las regiones con mayor rezago social de México. Su trayectoria laboral arrancó en el campo Chapo, en Sinaloa, donde llegó como adolescente para alcanzar a una hermana mayor que ya trabajaba en el corte de verduras shanghai destinadas al mercado de exportación.
Las condiciones que describe son las que organizaciones civiles han documentado durante años en los enclaves agroexportadores del noroeste mexicano: jornadas que arrancan antes del amanecer, pago por caja cortada, mayordomos que castigan el bajo rendimiento y ausencia de servicios básicos para las familias migrantes.
"Los mayordomos me golpeaban y maltrataban porque no rendía", relata Marcos Ramírez en el testimonio recogido por Tlachinollan.
Tres de sus cuatro hijos nacieron durante temporadas de trabajo en Sinaloa. El cuarto nació en los surcos. La jornalera describe que cuando sus hijas se enfermaban en las primeras etapas, la guardería de la empresa agrícola se negaba a recibirlas hasta que se recuperaran, lo que dejaba a una sola persona del núcleo familiar generando ingresos durante días o semanas.
La movilidad geográfica de la familia ha seguido el calendario agrícola del país. En los últimos años, Marcos Ramírez y su esposo, también jornalero, dejaron de viajar a Sinaloa por los episodios de violencia armada que han afectado a campos de cultivo. La última temporada en el campo Sánchez Celis, según narra, se interrumpió por balaceras. La familia migró entonces a Guanajuato, donde trabajan principalmente en el campo Jamaica.
El salario actual reportado por la jornalera es de 308 pesos diarios. Una caja de verdura asiática se paga entre 22 y 43 pesos, según el producto. Su hija Alicia, de 15 años, llega a cortar 15 cajas en un día.
La propia Marcos Ramírez corta 12. La adolescente comenzó a acompañarla en los surcos a los 14, sin haber podido continuar su educación formal. "Quise darle estudios, pero como trabajadora agrícola es imposible", reconoce la madre en el testimonio.
El esposo de Marcos Ramírez intentó migrar a Estados Unidos. Fue deportado tras un proceso de detención que la jornalera describe en términos de maltrato físico. La familia regresó al circuito agrícola interno, donde el trabajo infantil opera como una necesidad económica estructural ante la ausencia de redes de cuidado y de educación accesible para las familias jornaleras migrantes.
El testimonio fue producido y difundido por Tlachinollan, organización con sede en la Montaña de Guerrero que documenta desde 1994 violaciones a derechos humanos de pueblos indígenas. Hasta el momento, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no ha emitido postura sobre los señalamientos de explotación laboral y trabajo infantil que se desprenden del testimonio.
Cd. de México, marzo (SEMlac).- Organizaciones y colectivas mexicanas llaman en un pronunciamiento al Estado a que las leyes contra el feminicidio se cumplan. Entre las agrupaciones demandantes se encuentran Aquelarre Feminista, Justicia Pro-Persona y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio luego de que esta semana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la Secretaría de las Mujeres y la Fiscalía General de la República presentaran el proyecto de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio.
Las organizaciones y colectivos llaman a la presidenta mexicana a abrir el proceso y a reconocer el papel que las organizaciones de la sociedad civil, colectivas y familias han tenido en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la política pública existente, así como a integrar la ley en una estrategia más amplia, con presupuesto suficiente, fortalecimiento institucional y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
Puntualmente, exponen que ante el contexto grave de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes en México, en los distinto ámbitos, también marcado por la violencia vinculada al crimen organizado, que incrementa los riesgos y profundiza las condiciones de vulnerabilidad, es fundamental contar con políticas públicas más amplias, coordinadas y sostenidas, que atiendan la complejidad del fenómeno y fortalezcan la capacidad del Estado para dar una respuesta efectiva ante los diversos contextos en los que ocurren los feminicidios.
Tras una larga explicación histórica de las sentencias emitidas por organismos internacionales y la Corte mexicana, explican que en México la prevención es el "eslabón más débil", porque el país carece de una política nacional efectiva que proteja a las mujeres de todo tipo de violencia, en particular de la violencia feminicida.
Salvo las órdenes de protección, no hay acciones claras que se enfoquen a la prevención del feminicidio, sobre todo para aquellos que ocurren en contextos de crimen organizado.
Plantean la necesidad de realizarlas, con debida diligencia reforzada, perspectiva de género e intercultural, con análisis de los contextos de violencia, tanto en los ámbitos privados como públicos, como aquellos casos vinculados con violencia ejercida por el crimen organizado presente en los territorios ante la persistencia de investigaciones deficientes en los casos de feminicidio.
Todo ello acompañado con el fortalecimiento de capacidades técnicas y económicas de las instituciones encargadas de las investigaciones, que permitan la acreditación del delito de feminicidio y el acceso a la justicia para las víctimas. Señalan que en México la precariedad de los servicios periciales es un obstáculo para la justicia.
La falta de personal especializado, la pérdida o contaminación de indicios y la limitada infraestructura científica derivan en investigaciones débiles que favorecen la impunidad. Se suman prácticas graves, como necropsias deficientes y el uso indebido de "necropsias psicológicas" para descartar la violencia feminicida, incluso frente a evidencia material.
Estas fallas impactan directamente en las investigaciones y en las familias, que enfrentan errores reiterados y, en muchos casos, procesos como exhumaciones o impunidad que prolongan el dolor. El cuarto reto planteado por las organizaciones y colectivas es la reparación del daño, que sigue sin materializarse y deja a las víctimas indirectas en total indefensión.
La gran mayoría de los casos nunca se reparan, los impactos son por sí mismos graves para las familias de las víctimas y pocos casos reciben una sentencia condenatoria. En muy pocos feminicidios se establecen medidas de reparación acordes al hecho delictivo.
Son prácticamente escasas las posibilidades de que el responsable del feminicidio repare el daño. Además, no es integral la atención a las víctimas, que es obligación del Estado y suele ser escasa o nula.
Es frecuente que el Estado no se haga cargo de las medidas de satisfacción y de no repetición, como recientemente lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo en revisión 5363/2023 en el caso de Fátima Varinia Quintana Gutiérrez.
Para que la normatividad vigente tenga impacto real, es fundamental que en su implementación y evaluación se garantice la participación de la sociedad civil, defensoras de derechos humanos, familiares de víctimas o víctimas de tentativa, quienes conocen de primera mano las fallas del sistema y han sido fundamentales para visibilizar y enfrentar esta problemática.
México necesita leyes que se cumplan En el pronunciamiento señalan que México cuenta con un conjunto amplio de leyes, protocolos, mecanismos y estándares de investigación y sanción que buscan que el acceso a la justicia para las víctimas de feminicidio sea una realidad; sin embargo, el gran reto sigue siendo que el marco normativo se aplique de manera adecuada y que realmente funcione.
La atención a la problemática del feminicidio fue ordenada por las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde el caso de Campo Algodonero (2009) hace 17 años, hasta las últimas sentencias emitidas contra el estado mexicano en los casos de Digna Ochoa (2021), Ernestina Ascencio Rosario (2025) y Lilia Alejandra García Andrade (2026).
Desde 2011, ante la demanda de la sociedad civil, la tipificación del feminicidio fue una respuesta estatal para dar cumplimiento a la sentencia Campo Algodonero y la activación del mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).
Contar con un tipo penal de feminicidio tiene por objetivo establecer en el marco jurídico la perspectiva de género para la investigación y sanción de las muertes violentas de mujeres y evitar la discriminación y la impunidad ante esta violencia generalizada. Sin embargo, persisten las investigaciones deficientes, la respuesta tardía, revictimización y falta de reparación oportuna y acorde a la dimensión de los daños.
Las organizaciones y colectivos argumentan que el país necesita asegurar que las normas existentes se implementen con eficacia para acreditar correctamente los feminicidios, se garanticen sanciones y se repare el daño.
También se debe garantizar atención integral a las familias de las víctimas, incluidos programas específicos para atender a las niñas, niños y adolescentes que han sido impactados por la violencia; evitar la revictimización constante durante las investigaciones y los procesos, como cuando se difieren las audiencias, se prolonga el procedimiento o se reponen los juicios por violaciones al debido proceso; además de prácticas de coacción a las víctimas para aceptar el procedimiento abreviado.
La Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio podría contribuir a articular esfuerzos y mejorar la coordinación institucional, pero debe elaborarse con la participación de la sociedad civil que, con base en la experiencia acumulada, conoce los desafíos que siguen sin ser atendidos en materia de prevención, atención a las víctimas, investigación, sanción y reparación integral del daño del feminicidio en nuestro país.
En su llamado para que se abra el debate, afirman que ante la gravedad del feminicidio en México, el país necesita tomar en cuenta el camino recorrido e impulsado por la sociedad civil, las organizaciones y víctimas; esto hará lograr que lo que ya se ha construido, funcione.
El debate que se abre con esta propuesta de iniciativa, es una oportunidad para, antes de aprobar ninguna reforma, realizar una evaluación profunda que incluya responsables, obligaciones y acuerdos para su cumplimiento, en relación con el marco normativo vigente relacionado al feminicidio y la violencia feminicida en México, respecto de cada una de las obligaciones constitucionales: prevención, atención, investigación, sanción y reparación del daño, puntualizan en el pronunciamiento.
La Red Cubana de Mujeres Emprendedoras advierte que la informalidad en que operan muchas empresarias limita su acceso a las nuevas modalidades de asociación previstas en la ley.
Foto: SEMlac Cuba.
Cuba — 23 de marzo de 2026. —Con más de un tercio de la fuerza laboral cubana fuera del sector estatal, el gobierno aprobó en diciembre de 2025 el Decreto-ley 114/2025, el primer marco legal de la isla para regular alianzas público-privadas en Cuba entre entidades empresariales estatales y actores no estatales.
La norma, publicada en la Gaceta Oficial el 3 de marzo y vigente desde abril, busca dinamizar una economía que enfrenta décadas de problemas acumulados, aunque especialistas y emprendedores advierten que su impacto real dependerá de condiciones que hoy no están garantizadas.
El texto legal se sustenta en el artículo 22 de la Constitución de 2019, que reconoce la propiedad mixta, y establece cuatro modalidades de asociación: constitución de sociedades de responsabilidad limitada mixtas, adquisición de participaciones por una entidad estatal en una empresa privada existente, fusión por absorción y contratos de asociación económica con fondo común.
Las nuevas sociedades podrán exportar e importar directamente, operar cuentas en divisas con autorización del Ministerio de Economía y Planificación, y definir sus precios conforme a las reglas del Ministerio de Finanzas.
Desde el sector privado, la experiencia de Anibex Abreu ilustra cómo estas colaboraciones pueden funcionar cuando existe voluntad de ambas partes. Abreu, creadora de "Devuelta", un proyecto de reciclaje de envases de vidrio en el municipio capitalino del Cerro, firmó en 2024 un contrato de exclusividad con Habana Club S.A. para proveer piezas elaboradas con botellas vacías derivadas de ferias y eventos. "Valoran mucho el tiempo que una le dedica al trabajo", señaló la artesana sobre la relación con la empresa ronera.
Obstáculos estructurales frenan las alianzas público-privadas en Cuba
Sin embargo, no todos los encadenamientos funcionan con la misma fluidez. Ricardo Fernández, director de operaciones de Deshidratados Habana SRL, señaló que uno de los principales problemas es la distorsión en las tasas de cambio entre entidades estatales y privadas.
Explicó que cuando una empresa estatal adquiere su mercancía y la vende en divisas aplicando una tasa de 24 o 120 pesos por dólar, mientras su tasa real de mercado ronda los 400 pesos, el producto termina llegando al consumidor a un precio que nadie está dispuesto a pagar. "Ahí es donde empieza a ralentizarse absolutamente todo el sistema", precisó.
El economista Oscar Fernández reconoció que el objetivo de la norma es correcto, pero advirtió que "llega muy tarde". A su juicio, la centralización de todas las aprobaciones en el Ministerio de Economía y Planificación será el principal cuello de botella en la práctica.
"Aprobar una empresa de este tipo debería ser un proceso casi automático", sostuvo, y estimó que solo algunas pocas pymes con visión de largo plazo y mucha paciencia intentarán constituir sociedades mixtas.
La jurista Katia Pérez Díaz, coordinadora de la Red Cubana de Mujeres Emprendedoras, advirtió que para las emprendedoras los obstáculos son aún mayores, pues muchas operan en la informalidad, lo que limita su acceso a contratos formales, financiamiento y materias primas.
Indicó, no obstante, que las alianzas entre empresas estatales y privadas podrían contribuir a cerrar esa brecha si facilitan procesos de formalización. La norma entrará en vigor en abril, aunque quedan excluidas las personas naturales que realizan actividades mercantiles de manera individual.
La eliminación de la autonomía del Programa de Refugios en el Presupuesto de Egresos 2026 es el señalamiento central de la organización ante la comunidad internacional.
México — 16 de marzo de 2026.- La Red Nacional de Refugios A.C. (RNR) llevó a la sede de Naciones Unidas en Nueva York una exigencia puntual al Estado mexicano: garantizar presupuesto suficiente y autónomo para los espacios de protección a mujeres víctimas de violencia.
Durante el 70° período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70), la organización alertó que la eliminación de la autonomía del Programa de Refugios en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 contradice compromisos internacionales asumidos por México ante la CEDAW y la Convención de Belém do Pará. En los últimos dos años, la red acompañó a 29,604 mujeres en más de 70 espacios de atención integral distribuidos en el país.
El contexto que rodea la denuncia es grave. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cada tres horas una mujer es asesinada en México y diariamente 752 mujeres enfrentan violencia familiar.
Ningún país ha alcanzado aún la plena igualdad jurídica entre mujeres y hombres, según un informe reciente del Secretario General de la ONU presentado por ONU Mujeres. Hasta el momento, las autoridades federales no han emitido postura pública sobre los señalamientos de la organización respecto a la eliminación de la autonomía presupuestal del programa.
Wendy Figueroa Morales, directora de la Red Nacional de Refugios, precisó que sin recursos para proteger la vida de las mujeres, la justicia se queda en discurso, y que sin la participación de las organizaciones que sostienen la atención, la justicia queda incompleta. La organización opera alrededor del 60% de los refugios no gubernamentales del país, con más de 25 años de trayectoria ininterrumpida.
Refugios como mecanismos de justicia, no de asistencia
Para la RNR, los refugios no son programas asistenciales. Constituyen, según la organización, mecanismos de justicia y protección que representan para muchas mujeres la única posibilidad de denunciar y acceder a la justicia sin poner en riesgo su seguridad ni la de sus hijos. La directora de la red indicó que los espacios brindan protección inmediata y también acompañan procesos de restitución de derechos y reconstrucción de la autonomía económica de las mujeres.
La organización advirtió que cuando los Estados desfinancian o diluyen la autonomía de los programas de refugios, generan nuevas barreras estructurales que reproducen la violencia institucional. En paralelo a su presencia en Nueva York, la RNR realizó acciones de incidencia en México para reforzar el mismo mensaje: la defensa del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia no admite fronteras ni lagunas presupuestales.
Entre las demandas formales planteadas en el CSW70 figuran presupuesto suficiente, progresivo y oportuno para los refugios; autonomía institucional y reglas claras de operación del programa; y participación efectiva de organizaciones feministas en la toma de decisiones públicas sobre los espacios de protección. La red también señaló como preocupante que las organizaciones especializadas sean excluidas de los procesos de diseño de políticas, lo cual vulnera el principio de participación plena que la propia comisión reconoce como central.
Este medio solicitará postura de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de las Mujeres sobre los señalamientos relacionados con la eliminación de la autonomía del Programa de Refugios en el presupuesto 2026.
Delegaciones de 37 países aprobaron las Conclusiones Acordadas del CSW70 para reforzar el acceso a la justicia para mujeres y niñas a nivel global.
Foto: ONU Mujeres/Ryan Brown.
Nueva York — 16 de marzo de 2026. —Treinta y siete países aprobaron en la sede de Naciones Unidas un conjunto de Conclusiones Acordadas para reforzar el acceso a la justicia de todas las mujeres y niñas a nivel global, en el marco del 70° período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70).
El acuerdo, adoptado por amplio consenso el pasado viernes, insta a los gobiernos a revisar y derogar leyes discriminatorias relacionadas con el matrimonio infantil, la violencia, el derecho de familia y los derechos de propiedad. Estados Unidos fue el único voto en contra, marcando la primera vez en la historia de la comisión en que un resultado no se aprueba por unanimidad.
El documento representa la culminación de semanas de negociaciones en las que un grupo reducido de países, entre ellos Arabia Saudita, Argentina y Rusia, intentó reabrir aspectos del texto ya pactados en ediciones anteriores. Un amplio bloque de delegaciones se opuso y logró preservar los compromisos previos, aunque con algunas concesiones menores. La directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous, celebró el resultado al señalar que las conclusiones representan un avance para poner fin a la impunidad y construir sistemas de justicia incluyentes.
Entre las disposiciones centrales figuran el reconocimiento formal de trabajadores comunitarios de justicia dentro de marcos legales nacionales, nuevos compromisos sobre justicia digital y gobernanza de inteligencia artificial, así como medidas para establecer sistemas con enfoque de género en contextos de conflicto. El acuerdo también llama a ampliar el acceso a asistencia jurídica y a fortalecer mecanismos nacionales contra la violencia.
Mujeres indígenas de México exponen barreras en el acceso a la justicia
En un foro paralelo sobre mujeres indígenas, representantes de México, Perú, Guatemala, Canadá y Australia expusieron que la interculturalidad en los sistemas de justicia va mucho más allá de contar con traductores.
Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria para una vida libre de violencias de la Secretaría de las Mujeres, informó que en el país existen alrededor de 12 millones de mujeres indígenas, 68 lenguas originarias y un 12% de mujeres que no habla español, lo que exige una mirada intercultural en el acceso a la justicia.
La representante de Equis Justicia para las Mujeres precisó que las mujeres indígenas reciben hasta seis años más de prisión que personas no indígenas en situaciones similares, además de enfrentar extorsiones y presiones para reconocer culpas que no les corresponden. Citó como referentes las sentencias de los casos Ernestina Ascencio e Inés Fernández, ambas resueltas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como hitos para incorporar el enfoque intercultural en la impartición de justicia.
Por su parte, Norma Don Juan Pérez, del Consejo Colegiado del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, indicó que sus pueblos poseen cosmovisión y saberes propios, y que se requiere incorporar a mujeres indígenas como abogadas y en espacios de la ONU para construir políticas interculturales que atiendan las violencias específicas que enfrentan niñas y mujeres originarias.
Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022, el 40.8% de las mujeres indígenas en México considera que sus derechos humanos no se respetan, y el 92.7% de quienes experimentaron una negación de derechos no denunció, al estimar que las autoridades no les harían caso.
El CSW70 sesiona del 9 al 19 de marzo en Nueva York, con la participación de gobiernos, sociedad civil y organismos de la ONU, con el objetivo de impulsar políticas y financiamiento para la igualdad de género. ONU Mujeres hizo un llamado a alzar la voz por los derechos de las mujeres frente a un contexto global de retrocesos.
