Ciudad de México. “El daño que me están haciendo al no escuchar mi voz, y al incumplimiento a las obligaciones para garantizar mi acceso a la justicia, están construyendo un contexto muy grave de violencia en mi entorno. Me he visto en la necesidad de pedir protección a los mecanismos nacionales e internacionales para mí, para mi familia, y para la familia de mi esposo, así como para las abogadas que me acompañan”.
Son las palabras de Basilia Castañeda Maciel, la mujer que desde hace cuatro meses rompió el silencio y contó a los medios de comunicación y a la Fiscalía General de la República (FGR) que hace más de dos décadas, cuando tenía 17 años de edad, fue atacada por Félix Salgado Macedonio, el político que la violó sexualmente en su casa, en el municipio de Chilpancingo, cuando ella fue a pedirle ayuda para regresar a Técpan de Galeana, donde vivía.
Con la intención de evidenciar el peligro en el que se encuentra y limpiar su nombre ante la escalada de acusaciones de quienes aseguran que es manipulada para señalar al candidato a gobernador del estado de Guerrero como agresor sexual, Basilia apareció en un video entregado a dos agencias informativas enfocadas en información sobre los derechos de las mujeres, Cimacnoticias y SemMéxico.
Basilia preparó su pronunciamiento después de conocer la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHJ) —el partido que con su liderazgo ayudó a edificar en 2012, en el estado Guerrero— que por mayoría de votos este 26 de febrero, día en que sesionó, los consejeros determinaron que los agravios contra Salgado Macedonio, es decir, las acusaciones de violación sexual, eran infundados.
En la grabación Basilia también se dirigió al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y al presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, quienes han erigido al actual senador con licencia como la pieza clave en el sureste mexicano para lograr la Cuarta Transformación, el concepto que López Obrador creó para referirse a los cambios de fondo que propone su gobierno.
En cuatro meses, desde noviembre de 2020 hasta el 1 de marzo de 2021, el jefe de Estado ha reiterado su apoyo a Salgado Macedonio en al menos seis ocasiones. Cuestionado por la prensa, López Obrador ha repetido una y otra vez que el político guerrerense fue el ganador de las preferencias electorales para ser candidato a gobernador y que el movimiento feminista, al que califica de conservador, lo ataca con fines electorales.
El 19 de noviembre, cuando las defensoras guerrerenses comenzaron a nombrar los antecedentes violentos del senador con licencia, el mandatario dijo en su conferencia mañanera: “Cuando uno es candidato tiene que entregar una carta de no antecedentes penales, y si no hay ningún impedimento legal, pues no se le puede negar a nadie su participación”. Hasta ahora Salgado Macedonio no ha sido sentenciado por ningún delito.
A esa declaración le siguieron cinco más más donde López Obrador desestimó la credibilidad de las denuncias contra su alfil. En la conferencia del 8 de enero dijo que la acusación contra el candidato de Morena era un asunto partidista y producto de la temporada electoral. Ante la insistencia de la prensa sobre qué tan ético es arropar a una persona acusada de un delito sexual para que ocupe un cargo de gobierno, Obrador admitió que ese era un asunto de la “autoridad competente”.
La declaración más reciente del también fundador de Morena fue este 1 de marzo, fecha en la que aseguró que en el asunto de Félix Salgado Macedonio salen a manifestarse legisladoras del PAN, el partido de oposición. En este entorno de apoyo a quien fue presidente estatal del PRD, senador, diputado federal y presidente municipal de Acapulco, Basilia se presentó en este video para hablarle a la militancia del partido que ayudó a fundar y que ahora le avienta la puerta en cara. Parte 1Parte 2
“Su imaginación para buscar desacreditar el dicho de una mujer —dijo Basilia en el video—, tanto como defensora de derechos políticos, como víctimas de violencia sexual en el ámbito político, entristece, pues es completamente contrario a los principios con los cuales fundamos el partido de Morena”.
A los morenistas que la acusan por denunciar ante la Fiscalía General de la República (FGR), en noviembre de 2020, hechos que ocurrieron en 1998 les dijo: “Ustedes han inventado que soy secuestradora, inclusive de niños. Da vergüenza hasta dónde militantes y simpatizantes de Morena prefieren llevar la mala imaginación con tal de no escuchar la oportunidad de cumplir con los valores que nos comprometimos a defender en el partido”.
Al iniciar este año Salgado Macedonio enfrentaba dos denuncias penales por el delito de violación sexual. Una de estas era la de Basilia, expediente que fue enviado por la FGR a la Fiscalía estatal, instancia que enero lo desechó porque, aseguró, prescribió la acción penal. La otra denuncia fue presentada en 2016 y ratificada en 2017 por una mujer que trabajó con el candidato cuando él era director del periódico La Jornada de Guerrero.
Sobre el expediente de 2016, en enero el exfiscal Xavier Olea reveló a los medios que hubo elementos para detener a Salgado Macedonio en 2018, cuando fue candidato y ganó la elección para ser senador por seis años. En esa ocasión, según el dicho de Olea, el gobernador Héctor Astudillo le pidió detener el proceso y no arrestar al morenista. A cuatro años de esta denuncia, este 1 de marzo el actual fiscal de Guerrero, Jorge Zuriel, informó que la investigación sigue abierta y están recabando pruebas.
Además de las denuncias penales, en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena había dos procesos en contra del experredista, uno de los cuales sigue abierto.
El primero se trataba de una investigación de oficio que se abrió en enero a solicitud de la consejera Zazil Carreras, quien consideró necesario una investigación después de las diversas publicaciones periodísticas sobre la presunta violencia sexual que ejerció Salgado Macedonio. Este proceso, en el expediente CNHJ-GRO-014/2021, fue resuelto el 26 de febrero, cuando se determinó que los agravios contra el político eran infundados.
En la investigación que se abrió por oficio se citó a Basilia a comparecer el lunes 15 de febrero. En esa ocasión, sin la presencia de ninguno de los cinco integrantes de la Comisión y por cerca de cuatro horas, Basilia relató la violencia de la que fue víctima hace 22 años. Allí se enfrentó a cuatro abogados del político que intentaron interrogarla para echar abajo su testimonio.
Sin más detalles, la noche del 26 de febrero el organismo intrapartidario informó que, a pesar de no encontrar constancia de mala fama pública del candidato, “instruyó a la Comisión Nacional de Elecciones y a la Comisión Nacional de Encuestas a reponer el proceso de evaluación de perfiles” para elegir a la persona que competirá por la gubernatura del estado. en la elección del próximo 6 de junio. El partido decidió hacer una nueva encuesta en la que aparecerá el nombre de Félix Salgado Macedonio.
Además de esta resolución existe un segundo procedimiento en la CNHJ, éste solicitado por Basilia, y registrado en el número CNHJ-GRO/029/2021. En este caso aún no hay una resolución de parte del organismo intrapartidario integrado por Eloísa Vivanco, Donají Alba, Zazil Carreras, Alejandro Viedma y Vladimir Ríos.
En el video que difundió la denunciante, expuso que cómo lo narró a los medios, desde el 5 de enero pidió medidas de protección a la CNHJ, solicitud que ha hecho en cuatro ocasiones sin obtener respuesta favorable. “No solo no me han dado medidas cautelares para protegerme ante todas las falsedades y ambiente de odio que están propiciando los dirigentes de Morena, sino que ha sido humillante la forma en como me convocaron, a escuchar mi testimonio, sin estar presentes, sin tomarlo en cuenta ahora en su resolución del procedimiento de oficio” .
A cuatro días de que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero decida aceptar o rechazar la solicitud de candidatura presentada por el guerrerense el 15 de febrero, y sin saber cuándo se realizará la nueva encuesta de Morena, Basilia apeló a las autoridades, a los dirigentes de su partido y a la sociedad en general: “Construyan las condiciones para que las mujeres como yo que denuncian, y pedimos justicia, tengamos las condiciones de seguridad para ser escuchadas, para que se haga justicia”.
Comisionada nacional del PT confirma desde San Juan del Río que la coalición con Morena y el Verde se mantiene firme para los comicios de 2027 en Querétaro.
SIPINNA inicia construcción de Estrategia Nacional para proteger a niñez en movilidad.
Foto: Ilustrativa/ SIPINNA.
Ciudad de México, febrero (SEMlac).- La Comisión para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes y Solicitantes de la Condición de Refugiado del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) instaló su Grupo de Trabajo para iniciar la construcción de una Estrategia Nacional de Protección Integral dirigida a niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad.
En la primera reunión participaron autoridades federales, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil especializadas en movilidad humana y derechos de la niñez, con el propósito de establecer un espacio permanente de coordinación interinstitucional que fortalezca la respuesta del Estado ante los riesgos y vulneraciones que enfrenta esta población.
Durante la sesión se presentó la propuesta formal para articular esfuerzos, homologar criterios de actuación y asegurar la implementación efectiva de los instrumentos existentes, bajo los principios de derechos humanos, interés superior de la niñez, no discriminación e interculturalidad.
Las y los integrantes del Grupo coincidieron en la necesidad de contar con un instrumento nacional claro y operativo que oriente políticas públicas y acciones institucionales más allá de respuestas fragmentadas, colocando en el centro las trayectorias y necesidades específicas de la niñez en contextos de migración, tránsito, retorno, refugio y desplazamiento.
La secretaria ejecutiva del SIPINNA, Lorena Villavicencio Ayala, subrayó que el Grupo de Trabajo constituye un espacio técnico y de corresponsabilidad institucional. Señaló que la protección de niñas, niños y adolescentes en movilidad exige decisiones coordinadas que garanticen su derecho a crecer en entornos seguros, libres de violencia y discriminación.
Con la instalación de este mecanismo, el SIPINNA avanza hacia una respuesta nacional más coherente y efectiva, reafirmando el compromiso del Estado mexicano con una política de protección integral que no deje a ninguna niña, niño o adolescente atrás, sin importar su lugar de origen o condición migratoria.
Ciudad de México — febrero de 2026. — El Fondo Guadalupe Musalem conmemora 30 años de trabajo en favor de la educación de adolescentes y jóvenes provenientes de comunidades indígenas de Oaxaca, con un total de 291 becarias apoyadas en ese periodo.
Desde su creación, la organización ha brindado respaldo para que las estudiantes continúen sus estudios de nivel medio superior y superior, además de ofrecer acompañamiento formativo. Exbecarias destacan que el programa no solo representa un apoyo económico, sino también un espacio de fortalecimiento personal y comunitario.
Alejandra Olivera Hernández, quien fue becaria entre 2018 y 2021 y actualmente cursa Ingeniería Industrial, señaló que la experiencia le permitió proyectar un futuro distinto y asumir un compromiso de retribución social hacia su comunidad.
Educación y acompañamiento integral a jóvenes de Oaxaca
Durante el acto conmemorativo, diversas voces subrayaron que el Fondo Guadalupe Musalem ha buscado impulsar liderazgos femeninos en contextos indígenas y rurales. Testimonios de becarias resaltaron que el programa promueve la confianza, el ejercicio de derechos y la participación social.
La cantante oaxaqueña Lila Downs anunció que una de sus nuevas canciones está inspirada en las jóvenes beneficiarias del fondo, como parte de las actividades que acompañan el aniversario. También participaron representantes académicos que mantienen colaboración con la organización para facilitar el acceso de becarias a estudios universitarios.
La presidenta del Consejo Directivo, Gayne Rodríguez Guzmán, informó que este año se prevé recaudar alrededor de tres millones y medio de pesos para sostener becas y el albergue que forma parte del proyecto. Indicó que algunas estudiantes cursan actualmente carreras universitarias en distintos estados del país.
Tres décadas de impacto educativo
En estos 30 años, el fondo ha apoyado la educación media superior de más de 200 adolescentes y la formación universitaria de más de 80 jóvenes, procedentes de las ocho regiones de Oaxaca. Varias exbecarias han continuado estudios de posgrado o se han incorporado a labores comunitarias y al servicio público.
Representantes de instituciones educativas aliadas señalaron que invertir en la educación de mujeres jóvenes tiene un impacto directo en el desarrollo social y comunitario. Asimismo, tutoras del programa destacaron que el acompañamiento cercano ha sido clave para fortalecer la permanencia escolar.
El aniversario marca un momento de balance para una organización que ha centrado su labor en ampliar oportunidades educativas para jóvenes indígenas y rurales, en un estado con amplias brechas sociales y de acceso a la educación.
Ciudad de Panamá — febrero de 2026. — Organizaciones regionales de derechos humanos encendieron las alertas ante una iniciativa legislativa que plantea sustituir el Ministerio de la Mujer por una entidad de menor jerarquía administrativa, lo que —advierten— representaría un retroceso en los derechos de las mujeres en Panamá.
El señalamiento fue realizado por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), que difundió un pronunciamiento regional firmado por su coordinación y por representantes de Cladem Panamá. En el documento, la red sostiene que la propuesta debilita la capacidad institucional del Estado para enfrentar la discriminación estructural que afecta a las mujeres.
Proyecto legislativo genera preocupación por institucionalidad de género
De acuerdo con Cladem, la iniciativa se discute en la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional a través del Proyecto de Ley No. 447, presentado por el Órgano Ejecutivo. La propuesta contempla la creación de un Instituto Nacional de la Mujer en sustitución del ministerio creado en 2023.
Para la organización, este cambio implicaría regresar a un modelo institucional previo que, señalan, ya había sido superado tras años de incidencia social y técnica que impulsaron la creación de una cartera ministerial específica. A su juicio, no existen fundamentos jurídicos, políticos o económicos que justifiquen la modificación.
Cladem subraya que Panamá enfrenta brechas persistentes en materia de igualdad. Entre los indicadores mencionados se encuentran la baja representación de mujeres en la Asamblea Nacional, así como desigualdades económicas vinculadas al trabajo de cuidados no remunerado y diferencias salariales.
Llamado a mantener compromisos en derechos humanos
En este contexto, la red regional considera que debilitar la institucionalidad de género contradice compromisos internacionales asumidos por el Estado panameño en materia de derechos humanos y políticas de igualdad.
El pronunciamiento exhorta al Órgano Ejecutivo a revisar la iniciativa y a la Asamblea Nacional a garantizar el respeto del marco legal vigente y de los derechos de las mujeres. Las organizaciones firmantes sostienen que, lejos de reducir su alcance, las políticas públicas de género requieren fortalecimiento institucional para responder a las desigualdades estructurales.
La discusión legislativa, aún en curso, ha abierto un debate nacional sobre el papel del Estado en la promoción de la igualdad y la protección de los derechos de las mujeres en Panamá.
Ciudad de México — febrero de 2026. — El próximo Mundial 2026 podría generar un aumento en la demanda del trabajo sexual en México, en un contexto donde esta actividad se desarrolla mayoritariamente en la informalidad y con altos niveles de violencia, advirtió la activista Gloria Careaga.
En entrevista con El Sol de México, Careaga sostuvo que el incremento de movilidad nacional e internacional asociado al torneo de la FIFA podría impactar directamente a quienes ejercen el trabajo sexual. Por ello, planteó que las autoridades deberían iniciar diálogos con personas trabajadoras sexuales y sus organizaciones antes del evento.
La activista señaló que este acercamiento permitiría construir mecanismos de coordinación, reducir riesgos y avanzar hacia el reconocimiento de derechos laborales y sociales. Consideró que el contexto previo al Mundial representa una oportunidad para debatir marcos regulatorios que ofrezcan mayor protección.
Trabajo sexual en México y sedes del Mundial 2026
El Mundial 2026 se disputará de forma simultánea en Estados Unidos, Canadá y México, del 11 de junio al 19 de julio. En territorio mexicano, las sedes serán Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
Careaga subrayó que, en la región, gran parte del trabajo sexual se realiza en condiciones de clandestinidad, lo que expone a quienes lo ejercen a discriminación, violencia y abusos de autoridad. A su juicio, reconocer esta actividad como trabajo permitiría exigir acceso a servicios de salud, seguridad social y otras garantías.
De acuerdo con datos de organizaciones civiles, en México entre 500.000 y 800.000 personas se dedican al trabajo sexual, en su mayoría mujeres. Activistas han señalado que la falta de regulación clara coloca a este sector en un escenario de vulnerabilidad frente a autoridades y particulares.
Violencias y estigma, retos persistentes
Encuestas y reportes locales han documentado altos niveles de violencia contra personas trabajadoras sexuales. En Ciudad de México, mediciones sobre discriminación han registrado agresiones y extorsiones por parte de policías y clientes. En entidades como Jalisco, informes sanitarios y comunitarios también han reportado violencia física y sexual, así como prácticas de hostigamiento.
En Monterrey, organizaciones han advertido sobre condiciones de alta informalidad y riesgos de seguridad para mujeres que ejercen esta actividad. Para Careaga, estas problemáticas evidencian la urgencia de combatir el estigma y de generar políticas públicas con enfoque de derechos humanos.
La activista afirmó que, aunque en muchos países de América el trabajo sexual no está penalizado, tampoco está plenamente reconocido como actividad laboral, lo que deja a quienes lo ejercen en un vacío legal. A su juicio, superar prejuicios institucionales es un paso necesario para garantizar protección efectiva, especialmente en contextos de alta afluencia turística como el que traerá el Mundial.
Ciudad de México — febrero de 2026. — La violencia vicaria en México volvió al centro del debate jurídico tras la vinculación a proceso de una mujer en Coahuila por ese delito, una decisión que organizaciones y autoridades federales consideran una aplicación incorrecta de la ley.
Yetlanezy Baltierrez, representante del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria en Coahuila, afirmó que el caso es grave porque los hechos imputados a Estela —nombre con el que se identifica a la mujer— no encuadran en el tipo penal. Subrayó que esta figura fue creada para proteger a mujeres víctimas de violencia de género ejercida a través de sus hijas e hijos.
La activista advirtió además que, tras la audiencia judicial, integrantes del Frente han recibido insultos y amenazas en redes sociales por parte de hombres que, dijo, celebraron la resolución. Ante ello, anunció que buscarán reuniones con autoridades legislativas de Coahuila para plantear la correcta tipificación del delito y el respeto al debido proceso.
Secretaría de las Mujeres señala error en caso de violencia vicaria en México
La titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, también calificó el caso como un error. A través de un mensaje público, sostuvo que la definición de violencia vicaria fue utilizada de forma equivocada contra una mujer y recordó que esta forma de violencia ha sido reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una expresión de violencia de género.
Según explicó, este delito se configura cuando un agresor utiliza a hijas o hijos como medio para ejercer control, daño o castigo contra la madre. Señaló que su dependencia buscará diálogo con la fiscalía local y autoridades judiciales para revisar el caso y promover criterios homologados en las legislaciones estatales.
Baltierrez coincidió en que no todo conflicto familiar o desacuerdo relacionado con custodia o convivencia constituye violencia vicaria. Indicó que, en el caso referido, podrían analizarse otras figuras jurídicas existentes, como interferencia u obstrucción parental, que cuentan con marcos legales diferenciados.
Denuncian agresiones contra activistas
Integrantes del Frente en otras entidades también reportaron un aumento de agresiones verbales y ataques en redes sociales tras la decisión judicial en Coahuila. Señalaron que persisten campañas que descalifican la violencia vicaria como concepto jurídico y la presentan como un mecanismo de discriminación, lo cual —afirman— incrementa riesgos para defensoras.
Las activistas valoraron la intervención de autoridades federales para aclarar el alcance de la ley y reiteraron que miles de mujeres en el país han denunciado este tipo de violencia, caracterizada por el uso de hijas e hijos para causar daño emocional.
El caso, aún en desarrollo, abre un debate sobre la correcta aplicación del tipo penal y la necesidad de criterios claros que eviten interpretaciones que, según organizaciones y funcionarias, podrían distorsionar el objetivo de la norma.