México, 13 de abril de 2026. —Alejandra Soriano Ruíz, ex titular de la Unidad de Género del Instituto Mexicano del Seguro Social, obtuvo un amparo que obliga a los tribunales laborales a emitir una nueva sentencia contra la institución, después de cuatro años de litigio por acoso laboral, despido y amenazas.
La resolución, dictada por la magistrada Lluvia Jasmín Ávila Villegas del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, ordena rehacer el fallo bajo parámetros constitucionales y con perspectiva de género, criterio que según la denunciante fue ignorado durante todo el proceso original.
La paradoja del caso desnuda una contradicción institucional: la propia funcionaria responsable de prevenir el acoso dentro del IMSS terminó denunciando que la institución no la protegió cuando ella misma fue víctima.
Soriano acudió en 2022 al órgano interno de control y al comité de ética del Seguro Social para denunciar a su jefe directo. El procedimiento absolvió al señalado en cada instancia y ella perdió su empleo.
El amparo no resuelve el fondo del acoso ni sus consecuencias, sino que obliga al tribunal laboral a reabrir el proceso considerando las pruebas que originalmente fueron desestimadas. Soriano sostiene que el rechazo a esas pruebas operó por sesgo de género, mismo argumento que ahora la magistrada acepta como base para revertir la sentencia previa.
El acosador permanece como funcionario directivo
El señalado por Soriano fue, en 2019, titular de la Unidad de Asuntos Consultivos y Atención a Órganos Fiscalizadores de la Dirección Jurídica del IMSS, y posteriormente coordinador normativo de esa unidad.
Hoy ocupa un cargo en la judicatura, según relata la denunciante. El IMSS no ha emitido postura sobre el amparo concedido ni sobre la situación administrativa actual del señalado.
Las cifras que rodean el caso revelan una desproporción estructural. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) registra apenas alrededor de 600 denuncias anuales por acoso laboral en la administración pública federal, mientras que la Red de Mujeres Sindicalistas estima en ocho millones las trabajadoras mexicanas que enfrentan algún tipo de violencia o acoso en sus centros de trabajo. Más de 66 mil mujeres renuncian cada año a sus empleos por esta causa, según la misma red.
¿Qué cambió con las reformas laborales de 2026?
El 15 de enero de 2026 se publicaron reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que reconocieron el hostigamiento sexual laboral como falta administrativa grave y endurecieron las obligaciones patronales bajo la NOM-035-STPS-2018. Soriano sostiene que la norma existe en el papel pero no opera en la práctica: ni siquiera las responsables de las Unidades de Género del propio gobierno federal cuentan con protección efectiva cuando denuncian.
La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) es la instancia formal donde las víctimas pueden acudir, aunque los datos sugieren que el subregistro es masivo.
El caso Soriano se suma al de Gabriela Ramírez Hernández, quien hace casi 13 años denunció acoso y abuso sexual de su jefe en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sin que el procedimiento haya derivado en sanción alguna.
Ambas denunciantes coinciden en que los órganos internos de control de las dependencias federales operan bajo una lógica de simulación: simulan investigar y simulan proteger, mientras el sistema penal procesa los mismos hechos como delitos sin que exista articulación entre ambas vías. Hasta el momento, la Secretaría de las Mujeres del gobierno federal no ha pronunciado postura sobre el amparo ni sobre el patrón de impunidad que las denunciantes señalan.
Las carreteras de Nopala de Villagrán presentan deterioro severo con baches de hasta un metro que los vecinos rellenan con tepetate ante la inacción municipal. 
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