Facturas falsas reflejan crisis en la sociedad, considera Ríos-Farjat

México, 25 Oct (Notimex).- De 2015 a 2018 fueron presentadas 210 denuncias en contra de los llamados "factureros" ante la Fiscalía General de la República (FGR), lo que significó en promedio 52.5 cada año.

Empero, de acuerdo con datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), 2019 podría cerrar con un número superior a 300 acusaciones -30 por ciento más respecto a los cuatro años anteriores- para quienes buscan evadir al fisco con facturas falsas.

Esto porque han sido presentadas 174 en lo que va del año y otras 130 están en proceso, como resultado de un operativo que inició este año para combatir el lavado de dinero.

"Eso habla de una crisis de la sociedad", sostuvo la jefa del SAT, Margarita Ríos-Farjat, al señalar que esos hechos han permitido evidenciar una red de empresas -145- factureras con operaciones simuladas por al menos 50 mil millones de pesos.

Estas compañías se establecen fácilmente de un año al otro y, sin deberla ni temerla, facturan miles de millones de pesos que van a parar, a través de transferencias hasta China, Rusia, Taiwán y otros países, apuntó en entrevista con Notimex.

"El tamaño del problema es realmente muy grande", sobre todo porque el análisis de los perfiles deja ver a jóvenes, padres de familia y personas con educación que están involucrados en esas actividades ilegales.

Sostuvo que las cifras de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Santiago Nieto, son "escandalosas" y desanima mirar a tanta gente involucrada porque "se le hace fácil comprar o vender una factura (apócrifa)", pero quienes incurrieron en esas prácticas es porque "perdieron el sentido de decencia".

El SAT tenía identificadas al menos 10 mil empresas dedicadas a esa actividad ilícita, con casi nueve millones de facturas falsas, hasta principios de septiembre de 2019.

Esto representó una evasión fiscal de 354 mil millones de pesos, es decir, 1.4 por ciento de Producto Interno Bruto (PIB). Se estima que la emisión de esos documentos creció 21 veces desde 2014 y hasta 2018.

Si bien parte de la población argumenta que las autoridades deben acabar con este problema, la titular del SAT subrayó que las instituciones no crearon ese mercado. "La oferta y la demanda suceden ahí, donde está la sociedad civil".

“Hay un mercado y la sociedad es la que tiene que acabar con el mercado (y) nosotros estamos para apoyarla, pero si el mercado sigue creciendo, ¿cómo lo acabas?", cuestionó Ríos-Farjat.

Nueva Ley
En semanas pasadas fue aprobado el dictamen de reforma que tipifica la defraudación fiscal y la compra-venta de facturas falsas como delitos de delincuencia organizada, considerado grave y que amerita prisión preventiva de oficio.

La iniciativa busca proteger a los empresarios honestos, el daño al erario ascenderá a más de 7.8 millones de pesos y aplicará sanciones de entre dos y nueve años de prisión.

Sin embargo, la jefa del SAT consideró preocupante la desinformación existente sobre que cualquier persona puede terminar en la cárcel de encontrarle una factura falsa, y dejó en claro que esto es falso.

Con esos comentarios “borran de un plomazo a los juzgados, los tribunales, las leyes, la jurisprudencia, los procesos internos de la administración tributaria y aquellos para escuchar al contribuyente”.

Ríos-Farjat aclaró que las nuevas reformas son para sancionar como crimen organizado a personas o grupos dedicados a esta actividad de manera constante, reiterada y organizada.

Pese a ello, los organismos empresariales han mostrado su insistencia para continuar con reuniones con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y exhortarla a incluir una interpretación o precisar con claridad que no cualquier persona está sujeta a la prisión.

Recaudación fiscal
No obstante, con el sombrío panorama económico y el precio del petróleo, Ríos-Farjat mostró su optimismo para alcanzar 3.23 billones de pesos fijados como meta de ingresos tributarios hacia el cierre de 2019.

Esto pese a que a principios de agosto volvió a modificar a la baja su estimación, de acuerdo con la SHCP, y cuyo monto es menor es 72 mil 800 millones a lo aprobado en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2019.

"Lo que hizo Hacienda, con mucha sensatez, fue una proyección económica aceptada y adecuada con lo que podemos hacer", comentó la funcionaria.

"Nosotros no venimos a jugarle a las metas, venimos a tratar de hacer lo mejor. Si sale, adelante. Si logramos rebasarla, sería maravilloso, pero consideramos que la meta, en general, es una meta alta".