Querétaro, 9 de octubre de 2026.- Un Juez de Control vinculó a proceso a un hombre por el delito de robo calificado de vehículo con violencia, por hechos ocurridos el 12 de agosto de 2026 en la colonia Puertas de San Miguel, en el municipio de Querétaro, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.
De acuerdo con la investigación, el imputado habría amenazado con un arma de fuego a la persona ofendida cuando se encontraba sobre avenida San Miguel Carrillo, para despojarla de su vehículo. Después habría huido a bordo de la unidad.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) intervinieron y pusieron al imputado a disposición de la Fiscalía. Ahí, personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito (PID) realizó los actos necesarios para integrar los datos de prueba. Es un tipo de caso por el que la dependencia ya había obtenido la vinculación a proceso de un hombre por robo de vehículo con violencia en San Juan del Río.
Durante su puesta a disposición, el hombre se identificó como Sergio Abraham “N”. Ante la autoridad judicial manifestó llamarse Gabriel “N”, circunstancia que quedó asentada dentro del procedimiento.
La Fiscalía consultó información asociada con la primera identidad proporcionada y localizó registros de carpetas de investigación iniciadas en 2017 y 2019, por robo de vehículo y tentativa de robo de vehículo. Esos registros corresponden a la primera identidad; la dependencia no informó en qué estado se encuentran.
En la audiencia inicial, la Fiscalía formuló imputación y presentó los datos de prueba recabados. Con ellos, el Juez de Control resolvió vincular a proceso al imputado por robo calificado de vehículo con violencia.
La vinculación a proceso es una etapa del procedimiento y no una sentencia: el imputado se presume inocente mientras no exista una resolución condenatoria. En julio, la Fiscalía también obtuvo la vinculación a proceso de un hombre por robo de vehículo en El Marqués.
El juez impuso prisión preventiva justificada y fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, periodo en el que las partes podrán aportar nuevos datos de prueba.
