Querétaro, 15 de septiembre de 2026.- El Grupo Legislativo de Morena presentó ante el Congreso de Querétaro una iniciativa para exhortar al Congreso de la Unión a fortalecer los mecanismos de revisión de integridad de las candidaturas a cargos de elección popular, con el propósito de impedir que perfiles con vínculos con la delincuencia organizada lleguen a ocupar espacios de decisión.
La diputada Laura Andrea Tovar Saavedra, encargada de presentar la propuesta, explicó: "se busca garantizar la integridad de quienes gobiernan el país, esta es una propuesta de acuerdo para que, desde la legislatura local se solicite al Congreso de la Unión fortalecer mecanismos de revisión de integridad de las candidaturas, ya que se deben asegurar que esos espacios de decisión estén protegidos, esto implica emprender acciones que garanticen que perfiles sin integridad jamás lleguen a gobernarlo".
El coordinador del Grupo Legislativo de Morena, Arturo Maximiliano García Pérez, dio a conocer la presencia de Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), magistrado electoral y autor de diversos libros en materia electoral, quien realizó un análisis sobre la iniciativa.
El legislador subrayó, además, que la sede legislativa es un espacio de expresión para la pluralidad política y democrática del estado.
Tovar Saavedra añadió que los diputados de Morena proponen que Querétaro cuente con instituciones fuertes, libres de corrupción e intereses criminales: cuando un grupo criminal logra influir en una dependencia, dijo, no solo compromete a un gobierno, sino la vida de los ciudadanos.
Por ello, planteó que, cuando existan elementos objetivos, verificables y razonables, se consideren dentro del análisis de riesgo de las candidaturas posibles vínculos con organizaciones de delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción u operaciones ilícitas en materia de desarrollo urbano, uso de suelo y ordenamiento territorial; con la extracción, captación, aprovechamiento, distribución, suministro o comercialización ilegal de aguas nacionales; y con el uso de prestanombres o personas interpuestas para ocultar a quienes controlan o se benefician realmente de bienes, recursos u operaciones.
En su intervención, Nieto Castillo consideró que la iniciativa puede blindar los procesos electorales y planteó que deben tomarse en cuenta todos los grupos de delincuencia organizada, incluidos los de cuello blanco, entre ellos los que calificó como el cártel inmobiliario y el cártel del agua.
