Querétaro, 7 de septiembre de 2026.- El Grupo Legislativo de Morena cuestionó el protocolo denominado “6 de 6” impulsado desde el Ejecutivo estatal y sostuvo que varios de los requisitos presentados como filtros para futuras candidaturas ya existen en la legislación o han sido utilizados previamente como mecanismos de transparencia.
Arturo Maximiliano García, coordinador de la bancada, afirmó que declaraciones patrimoniales, información fiscal, posibles conflictos de interés y distintos elementos relacionados con bienes e inversiones ya forman parte de obligaciones o herramientas disponibles para revisar perfiles.
“No hay que engañar a las ciudadanas y los ciudadanos del estado, diciéndoles que se va a implementar algo nuevo y que va a hacer alguna diferencia”, afirmó.
El posicionamiento se produce después de que el gobernador Mauricio Kuri planteara un protocolo antinarcocandidatos basado en una declaración 6 de 6 y otros controles previos al registro de candidaturas rumbo al proceso electoral de 2027.
García señaló que el denominado “3 de 3 contra la violencia” ya establece restricciones relacionadas con sentencias firmes por violencia familiar, delitos sexuales o violencia política en razón de género, así como el registro de deudores alimentarios.
“Esto ya es un tema legal. Esto no es un tema que debe estar en ningún tipo de protocolo”, sostuvo.
El legislador agregó que los servidores públicos ya están sujetos a declaraciones patrimoniales de inicio, modificación y conclusión, manifestaciones sobre posibles conflictos de interés y cumplimiento de obligaciones fiscales.
A partir de ese marco, cuestionó que el Ejecutivo estatal no hubiera presentado una iniciativa de reforma ante el Congreso si la intención era transformar los filtros anunciados en nuevas obligaciones jurídicas.
“Si el Ejecutivo hubiera utilizado su facultad de iniciativa ante el Congreso para hacer una reforma electoral previa, al tiempo que anunciaba este protocolo, hubiera sonado lógico”, planteó.
El debate sobre esos filtros ya escaló al terreno partidista. El PAN estatal anunció previamente que buscaría convertir el mecanismo en requisito para sus candidaturas y emplazó a Morena a someter a sus aspirantes al mismo esquema. PAN reta a Morena
García sostuvo que los partidos pueden recurrir a instrumentos previstos en la legislación federal para revisar perfiles y mencionó la posibilidad de solicitar información ante instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Fiscalía General de la República y el Servicio de Administración Tributaria.
“Entonces, no hay nada nuevo en esto. Me parece que se queda corto, tomando en cuenta los instrumentos ya disponibles justamente en la legislación local y en la legislación federal”, puntualizó.
El coordinador llamó a quienes participan en la promoción y recopilación de adhesiones al protocolo a revisar primero el marco jurídico vigente y determinar qué herramientas ya pueden utilizarse para fiscalizar a quienes aspiren a cargos de elección popular.
