Querétaro, 25 de septiembre de 2026.- El máximo órgano de impartición de justicia de Querétaro podría volver a llamarse Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Querétaro, el nombre con el que fue instalado hace dos siglos.
La Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la LXI Legislatura, presidida por el diputado Guillermo Vega Guerrero, analizó en sesión de trabajo una iniciativa de reforma constitucional en ese sentido y acordó remitirla a los 18 ayuntamientos del estado.
Vega Guerrero explicó que, con fundamento en el artículo 51, fracciones I y III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, la remisión a los municipios es una actuación preparatoria indispensable dentro del procedimiento legislativo, y añadió que "permite que dicho trámite se desarrolle de manera paralela al análisis técnico y jurídico que esta comisión realiza".

El diputado Homero Barrera McDonald llamó al cambio "un pequeño acto legislativo, pero un gran acto de memoria histórica", al recuperar para el Poder Judicial el nombre con el que nació en 1826; agregó que "recuperar nuestro nombre también es recuperar nuestra historia, nuestra identidad y la fortaleza de nuestras instituciones".
El presidente del Poder Judicial, Braulio Guerra Urbiola, abrió su intervención con un mensaje de pésame por el jurista Fernando Cervantes Jaimes, a quien describió como uno de los pocos especialistas en derecho parlamentario de Querétaro y de México.
Recordó que esta Legislatura declaró 2026 como Año del Bicentenario del Poder Judicial, por los 200 años que tiene de existencia la impartición de justicia institucionalizada a partir de la Constitución de 1824.

Detalló que la Constitución de Querétaro, promulgada el 12 de agosto de 1825, dispuso la instalación de Supremos Tribunales de Justicia en el país, y que el 3 de junio de 1826 se dictó el decreto que declaró: "queda instalado el Supremo Tribunal de Justicia del Estado".
El 28 de febrero de 1843, el entonces presidente Antonio López de Santa Anna centralizó el poder y despojó a los Supremos Tribunales de esa denominación, que quedaron reducidos a Tribunales Superiores de Justicia con funciones de segunda y tercera instancia; en el mismo proceso eliminó las legislaturas estatales y sustituyó a magistrados y diputados por nombramientos hechos desde el centro del país.

Guerra Urbiola sostuvo que el cambio de denominación "no es de ornato, ni es un maquillaje general a la institución judicial", sino que tiene un profundo simbolismo federalista, y precisó que la propuesta fue avalada por unanimidad de magistrados y magistradas del Tribunal.
Al cierre de la sesión, Vega Guerrero instruyó a la Secretaría de Servicios Parlamentarios remitir copia de la iniciativa a cada uno de los 18 ayuntamientos del estado, con fundamento en el artículo 39 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro y el artículo 51, fracciones I y III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
A la sesión asistieron también los diputados Enrique Antonio Correa Sada, Claudia Díaz Gayou, Arturo Maximiliano García Pérez y Eric Silva Hernández, integrantes del Consejo de la Judicatura y de la Dirección Jurídica del Poder Judicial, y regidores de los ayuntamientos de Querétaro y Amealco de Bonfil.




