Querétaro, 14 de septiembre de 2026.- Una iniciativa presentada ante el Congreso de Querétaro plantea adicionar el artículo 220 Bis al Código Penal del Estado para sancionar con penas de 15 a 50 años de prisión el despojo de tierras e inmuebles y el uso ilícito y abuso del agua, de acuerdo con la propuesta de la diputada Claudia Díaz Gayou, integrante de la Sexagésima Primera Legislatura.
La reforma castiga también la manipulación de permisos, catastros y uso de suelo. Contempla multas, destitución e inhabilitación para los servidores públicos que participen, faciliten o encubran estas conductas.
«A estas redes se les suele denominar “cártel inmobiliario” o “cártel del agua”. Esas expresiones comunican el problema, pero no deben incorporarse como conceptos indeterminados al tipo penal; la ley debe describir conductas concretas, acreditables y sujetas a debido proceso», plantea la iniciativa en su exposición de motivos.
La propuesta parte de que el poder público no puede ser cómplice: debe proteger el patrimonio de las familias, garantizar el uso legal de los recursos y evitar que las instituciones se utilicen para favorecer intereses particulares, según el planteamiento de Díaz Gayou.
Díaz Gayou busca además fijar una responsabilidad más clara para quienes, desde el servicio público, participen, faciliten o sean cómplices del despojo inmobiliario o del uso ilícito y abuso del agua en Querétaro, según el documento entregado por su oficina al Pleno de la Sexagésima Primera Legislatura.
