Querétaro, 8 de octubre de 2026.- El diputado local del PAN Guillermo Vega Guerrero pidió al Tribunal de Disciplina Judicial federal que garantice el debido proceso a la exjueza Martha Eugenia Magaña López, investigada por haber concedido la primera suspensión provisional contra la reforma judicial.
Vega Guerrero afirmó en rueda de prensa que en “un Estado democrático, las decisiones judiciales se combaten con argumentos jurídicos, no con procedimientos disciplinarios”.
Explicó que visibiliza el caso porque en Querétaro, cuando se formule la reforma judicial, deben cuidarse dos aspectos. El primero es dejar muy claro que el Tribunal de Disciplina Judicial de Querétaro, cuando se forme, “no tenga facultades de ese tipo para actuar contra los criterios jurídicos y jurisdiccionales”.
El segundo es que el proceso para elegir a quienes integren ese órgano sea estricto, para evitar que lleguen “militantes partidistas” que se acoplen “al régimen político del momento” y afecten a quien no se pliega al poder.
Según el legislador, Magaña López, entonces jueza, concedió el 1 de agosto de 2024 la primera suspensión contra la reforma judicial, cuando esta aún no había sido aprobada. Añadió que la Cámara de Diputados decidió no acatarla y que diputados federales de Morena promovieron después denuncias en su contra.
Recordó que el Consejo de la Judicatura Federal determinó en su momento que se trataba de un tema jurisdiccional, no disciplinario, y desechó la denuncia. El Tribunal de Disciplina Judicial, más de un año después, retomó el caso y la investiga por una presunta falta grave.
La exjueza no decidió entrar a la reelección: su cargo concluyó en 2025 y se retiró. Al no estar en funciones, apuntó Vega Guerrero, el Tribunal ya no puede destituirla, pero sí inhabilitarla o imponerle una multa.
“Una jueza puede equivocarse, su resolución puede ser revocada, pero eso no significa que deba ser sancionada por el contenido de sus criterios”, sostuvo el legislador.
Para él, “este es el verdadero rostro de Morena y lo que intenta hacer con la reforma judicial”.
Calificó como muy grave que el Tribunal use sus facultades para tratar de afectar a una exjueza, pero lo más grave, dijo, es el mensaje que envía a los jueces en activo: “o se portan bien o van a ir por ellos”.
Ese no es el espíritu del Tribunal de Disciplina Judicial, planteó: solo debería actuar si se demuestra que un juez violó el reglamento de trabajo o cometió un acto ilegal, no para sancionar “el fondo de las resoluciones de los jueces”.
En su carácter de presidente de la Comisión de Justicia de la Legislatura de Querétaro, Vega Guerrero formuló un llamado respetuoso, pero firme: que el Tribunal actúe con imparcialidad y no utilice sus facultades para castigar criterios jurisdiccionales.
La independencia judicial, afirmó, no es un privilegio de los jueces, sino una garantía para la ciudadanía. Sancionar a una jueza por una resolución que incomoda al poder, advirtió, envía un mensaje intimidatorio a todo el Poder Judicial y pone en riesgo “la posibilidad de que cualquier persona pueda acudir a los tribunales para defender sus derechos”.
Dijo que dar a conocer el caso importa porque la exjueza está sola y no tiene hoy la publicidad que pudo haber tenido hace año y medio.
