San Juan del Río, 17 de abril de 2026. —El Cabildo de San Juan del Río avaló por unanimidad este viernes el proyecto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado en materia del Poder Judicial, y remitirá a la 61 Legislatura seis observaciones técnicas formuladas por el síndico José Francisco Landeras Layseca para que el Congreso las incorpore al momento de expedir la legislación secundaria.
Los 14 integrantes votaron a favor del punto de acuerdo presentado por el alcalde Roberto Carlos Cabrera Valencia, que responde al oficio de la diputada María Georgina Guzmán Álvarez, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso estatal.
La reforma fue aprobada en el pleno del Congreso el 27 de marzo pasado con 19 votos a favor, cinco en contra y una abstención, en una sesión que exhibió fracturas internas en la bancada de Morena. La diputada Claudia Díaz Gayou, del PT, anunció entonces que impugnaría el dictamen por presuntos vicios de procedimiento. El respaldo de los ayuntamientos forma parte del Constituyente Permanente que cierra el proceso de armonización con la reforma federal publicada el 15 de septiembre de 2024.
Requisitos de elegibilidad: lo que Landeras propone sumar
En su intervención, el síndico reconoció como avances la incorporación de los medios alternativos de solución de controversias al texto constitucional local, el criterio de suplencia por género en magistraturas y judicaturas, y la exclusión de aspirantes con sentencia firme por delitos familiares, sexuales o de género.
Pero propuso sumar como requisito adicional que los aspirantes no cuenten con condena firme por delitos de corrupción o vinculación con el crimen organizado, particularmente aquellos relacionados con narcotráfico.
La observación se suma al debate que ha marcado la discusión legislativa desde marzo, cuando la fracción del PT condicionó su voto a que la reforma no incorporara filtros discrecionales ajenos al texto constitucional federal.
El síndico sanjuanense plantea el matiz contrario: agregar filtros de integridad pública que hoy no están en el proyecto aprobado.
Comités de evaluación: el vacío de la ley secundaria
Landeras pidió además que los mecanismos de recepción, análisis y evaluación de los expedientes de aspirantes —hoy referidos en el proyecto a comités por definir— queden regulados en ley secundaria con criterios objetivos, a efecto de dotarlos de certeza jurídica y evitar que su integración quede sujeta a decisiones discrecionales.
Según la documentación del Congreso del Estado, la iniciativa forma parte de la armonización que la 61 Legislatura debe concretar antes del proceso electoral de 2027.
Al hilo de esa observación, el síndico pidió al Congreso precisar el alcance de conceptos como "buena fama" y "honestidad", que en la redacción actual del proyecto constituyen, a su juicio, nociones abiertas sin parámetros objetivos de medición, y por tanto vulnerables a la discrecionalidad en su aplicación.
Tribunal de Disciplina Judicial y Administración: delimitar atribuciones
La tercera observación apunta al nuevo andamiaje institucional de la reforma. El síndico pidió que las leyes secundarias delimiten con claridad las atribuciones, funcionamiento y alcances del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración Judicial, con el fin de evitar ambigüedades y garantizar equilibrio institucional entre ambos cuerpos.
Solicitó también revisar la redacción del artículo 28, inciso B, fracción cuarta, sobre el procedimiento de exoneración, porque su formulación actual admite interpretaciones diversas.
Plazo de seis meses: la garantía que pide conservar
El último planteamiento toca un punto que la reforma federal ya consagra pero que el proyecto estatal eliminó. Landeras recomendó no suprimir el plazo máximo de seis meses para la resolución de los asuntos judiciales, al considerarlo una garantía de justicia pronta y expedita.
"Les solicito de manera respetuosa que las consideraciones aquí vertidas sean incorporadas en el oficio de respuesta que este ayuntamiento dirija a la legislatura del estado", expresó ante el pleno, al pedir que el contenido quede asentado en el acta.
Tras la intervención, el alcalde Cabrera Valencia instruyó a la Secretaría del Ayuntamiento remitir las observaciones al Congreso junto con el sentido favorable del voto.
La sesión, que arrancó a las 7:00 horas, también aprobó la acreditación de representantes ante la Comisión de Puntos Constitucionales para 13 iniciativas adicionales de reforma constitucional, entre ellas la creación del municipio de Santa Rosa Jáuregui y reformas en materia de no reelección y nepotismo electoral.
¿Qué sigue para la reforma al Poder Judicial en Querétaro?
La 61 Legislatura debe ahora integrar los votos de los 18 ayuntamientos para completar el proceso del Constituyente Permanente.
Una vez alcanzada la mayoría requerida, seguirá la discusión de las leyes secundarias que definirán el modelo operativo del nuevo Poder Judicial, incluidos los requisitos para candidaturas, los calendarios electorales y la estructura del Tribunal de Disciplina Judicial. La elección popular de jueces y magistrados en Querétaro está prevista para el proceso electoral de 2027.
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