Querétaro, 18 de septiembre de 2026.- La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de Querétaro aprobó el dictamen que reforma el artículo 252 del Código Civil del Estado para obligar a las parejas que se divorcien o se separen, y que tengan una o varias mascotas, a fijar un plan de cuidados que garantice el bienestar de esos animales.
El plan deberá precisar quién queda a cargo de la mascota. Para determinarlo, la reforma ordena considerar la capacidad de cada parte para ofrecerle un ambiente adecuado y seguro, la disponibilidad de tiempo y recursos para atenderla, y la posible negligencia de alguno de los excónyuges hacia el animal.
El juez podrá asignar la custodia compartida cuando la considere la mejor opción para el bienestar del animal, con reglas sobre alimentación, atención veterinaria y tiempo de convivencia.
El diputado Homero Barrera, integrante de la comisión, explicó que cuando un matrimonio con mascotas termine, los excónyuges deberán fijar en un convenio mutuo las medidas necesarias para garantizarles protección y bienestar, precisando al menos quién asumirá el cuidado, las convivencias y los gastos.
"La sociedad va evolucionando, y se debe entender este cambio cultural en nuestro país, en el que, en los últimos años, la natalidad está bajando y lo que ha crecido de manera desproporcionada son las mascotas", afirmó el diputado Paul Ospital Carrera, autor de la iniciativa.
Ospital Carrera informó que, en Querétaro, en la última medición, siete de cada 10 hogares tienen al menos una mascota. El legislador añadió que las separaciones de pareja también van al alza, por lo que, a su juicio, la ley debe adecuarse a una tendencia que ya se observa a nivel mundial.
El diputado Guillermo Vega Guerrero preside la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, que también aprobó la iniciativa para proteger la identidad de niñas, niños y adolescentes. rotativo.com.mx
En otro punto de la sesión, la comisión aprobó la Iniciativa de Ley que adiciona diversas disposiciones al Código Civil del Estado y a la Ley de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para resguardar la identidad y privacidad de los menores.
La ley obliga a las autoridades estatales y municipales a garantizar que, en todo asunto relacionado con niñas, niños o adolescentes, se preserve su derecho a la privacidad y no se divulguen sus datos de identificación. Los datos personales de los menores deberán referirse solo por las letras de sus nombres y apellidos.
Cuando la autoridad requiera tratamiento de asuntos personales de un menor, deberá contar con el consentimiento de sus padres o tutores, siempre que no sea contrario al interés superior de la niñez y al desarrollo integral de la adolescencia.
El diputado Homero Barrera señaló que la iniciativa busca velar por los menores en procesos jurisdiccionales o administrativos, para que no sean objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, domicilio o correspondencia, ni de divulgaciones o difusiones ilícitas de carácter informativo o de opinión pública que permitan identificarlos y atenten contra su honra, imagen o reputación.
