Este patrón revela la verdadera naturaleza del poder de López González: cada “conquista laboral” incluye prebendas personales disfrazadas de derechos sindicales. La imposición de atención médica exclusiva en Hospital Medical Center que consume 120 millones de pesos anuales sin licitación pública no beneficia a los trabajadores, que recibirían la misma calidad en hospitales públicos o privados estándar a costos tres veces menores. ¿A quién beneficia entonces un esquema que triplica costos quirúrgicos y rechaza procesos competitivos de licitación?
Adicionalmente, López González rechaza medicamentos genéricos y acepta únicamente fármacos de patente, lo que dispara los costos farmacéuticos del ayuntamiento sin que exista justificación médica o proceso de licitación que garantice los mejores precios del mercado.
El rehén electoral y la extorsión sistemática
López González no solo condiciona votos durante campañas electorales. También los usa como amenaza permanente contra gobiernos en funciones. Cada emplazamiento a huelga lleva implícita una advertencia política: “Si no cumplen, movilizo a mil trabajadores y sus familias contra ustedes en las próximas elecciones”. Ningún alcalde quiere enfrentar una huelga municipal meses antes de comicios donde su partido jugará la continuidad.
Esta capacidad de mantener como rehén al gobierno municipal explica por qué cuatro administraciones consecutivas, ademas de las anteriores donde su tia fue presidenta y los demás de su partido el PRI lo encubrieron, hayan tolerado la ausencia de licitaciones públicas para contratos de 120 millones de pesos anuales para servicios médicos y medicinas, han aceptado imposiciones que triplican costos médicos y han firmado convenios onerosos bajo amenaza de paro laboral. No es debilidad administrativa: es cálculo político. Los alcaldes saben que enfrentar a López González puede costarles votos en la siguiente elección.
El dirigente sindical ha perfeccionado esta estrategia durante 35 años. Documentó Rotativo que en 2019 exigió 40 millones de pesos anuales incluyendo exención total del ISR para 470 trabajadores. Para 2025 las exigencias escalaron, destacando los 120 millones de pesos anuales solo para servicios de salud en una clínica particular impuesta sin licitación, más de 200 amparos constitucionales tramitados en un solo año y el rechazo sistemático a hospitales públicos que ofrecerían los mismos servicios a costos menores.
La omisión criminal: contratos millonarios sin licitación
La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público establece con claridad meridiana que los gobiernos municipales deben licitar públicamente contratos superiores a ciertos montos. Ciento veinte millones de pesos anuales para servicios médicos exceden ampliamente cualquier umbral de contratación directa. Sin embargo, no existe evidencia de que el municipio de San Juan del Río haya publicado convocatorias de licitación, haya comparado propuestas de diferentes hospitales o haya evaluado alternativas más económicas.
Esta omisión constituye una violación flagrante del marco normativo en materia de adquisiciones públicas. Más grave aún: la ausencia de licitaciones elimina cualquier mecanismo de control de precios, comparación de servicios o verificación de calidad que proteja el erario municipal. López González impone un proveedor único, rechaza alternativas más económicas y el gobierno municipal paga sin procesos competitivos que garanticen el uso eficiente de recursos públicos.
¿Dónde ha estado la Auditoría Superior del Estado? ¿Por qué la Contraloría Municipal no ha iniciado investigaciones por la ausencia de licitaciones en contratos de 120 millones de pesos anuales? ¿Qué explica que ninguna autoridad fiscalizadora haya cuestionado la imposición de un proveedor único sin proceso competitivo?
Los trabajadores: rehenes sin voz
Mientras Gregorio López González negocia votos con candidatos e impone proveedores de servicios médicos sin licitación, los 1,300 trabajadores sindicalizados permanecen como espectadores silenciosos de un sistema que supuestamente los representa.
¿Cuántos de ellos han participado en elecciones sindicales libres durante 35 años? ¿Cuántos conocen por qué deben atenderse exclusivamente en Medical Center? ¿Cuántos saben que el municipio paga tres veces más por sus cirugías sin que existan licitaciones públicas?
La respuesta probable es: ninguno. Porque López González no gobierna un sindicato democrático sino un feudo laboral donde las decisiones millonarias se toman sin consultar a los trabajadores, donde la transparencia es inexistente y donde la rendición de cuentas una ficción. Los trabajadores son rehenes doblemente: de un líder que condiciona sus votos sin consultarlos y de un sistema que les impone servicios médicos más caros sin informarles que existen alternativas más económicas.
El costo político de la omisión
Durante 35 años, no se ha sabido que la Auditoría Superior del Estado haya fiscalizado un solo peso de este sindicato y ahora 120 millones de pesos anuales canalizados a un hospital como Medical Center permanecen sin licitación pública. No ha cuestionado la ausencia de procesos competitivos. No ha investigado por qué se rechaza hospitales públicos o privados estándar. No ha verificado si los precios cobrados son razonables comparados con el mercado.
Esta omisión no es casualidad: es la consecuencia política de un pacto implícito donde los sindicatos municipales operan como feudos intocables que ninguna autoridad quiere auditar por temor a represalias electorales. López González ha construido su poder sobre esta omisión sistemática, sabiendo que ningún gobierno estatal ordenará una auditoría contra un líder sindical capaz de movilizar votos en municipios clave.
El resultado es un sistema de impunidad perfecta donde el dirigente sindical impone proveedores sin licitación, triplica costos médicos sin justificación técnica y acumula poder sin contrapesos institucionales ni fiscalización externa.
Las preguntas que exigen respuesta
¿Cómo un mecanógrafo del Registro Civil acumuló poder suficiente para imponer contratos de 120 millones de pesos anuales sin licitación pública? ¿Qué vínculos económicos existen entre López González y Hospital Medical Center que expliquen la exclusividad sin proceso competitivo? ¿Por qué se rechaza hospitales públicos o privados que ofrecen los mismos servicios a un tercio del costo?
¿Por qué la Auditoría Superior del Estado no ha fiscalizado contratos millonarios sin licitación? ¿Qué explica que la Contraloría Municipal tolere la ausencia de procesos competitivos? ¿Dónde están los expedientes de licitación que deberían existir para contratos de esta magnitud?
¿Quién autoriza que una cirugía de 10 mil pesos se pague en 30 mil por imposición sindical? ¿Quién se beneficia económicamente de rechazar hospitales más baratos y eficientes? ¿Por qué los trabajadores sindicalizados aceptan recibir servicios médicos tres veces más caros sin cuestionar por qué no se buscan alternativas más económicas que permitirían destinar esos recursos a mejores salarios o prestaciones adicionales?
El precio de 35 años sin licitaciones
San Juan del Río paga hoy el precio de 35 años de extorsión sindical. Doscientos empleados municipales perderán su trabajo en enero de 2026 para compensar el sobre gasto de 120 millones de pesos anuales en servicios de salud que se triplicaron por imposición de un solo proveedor sin proceso competitivo. Las finanzas municipales están ahogadas por compromisos que escalaron de manera exponencial sin que ninguna licitación pública garantizara precios razonables o calidad verificable.
Pero el precio más alto lo pagan los propios trabajadores sindicalizados: rehenes de un líder que condiciona sus votos sin consultarlos, que les impone servicios médicos más caros sin explicarles por qué, que rechaza alternativas más económicas que permitirían mejores prestaciones y que opera un esquema de contratación sin transparencia donde nadie sabe quién se beneficia realmente de triplicar los costos médicos.
Gregorio López González pasó de mecanógrafo del Registro Civil a cacique sindical que impone contratos millonarios sin licitación. Su metamorfosis no es excepcional: es el síntoma de un sistema político donde el corporativismo sindical sobrevivió a la alternancia democrática adaptándose para capturar recursos públicos mediante imposiciones que violan los marcos normativos de adquisiciones y contrataciones del Estado.
Mientras ninguna autoridad se atreva a exigir licitaciones públicas para contratos de 120 millones de pesos, mientras ningún partido político renuncie a negociar votos corporativos y mientras los trabajadores permanezcan pasivos ante un esquema que los obliga a recibir servicios médicos tres veces más caros, San Juan del Río seguirá pagando el costo de haber permitido que un mecanógrafo del Registro Civil se convirtiera en el amo y señor de las contrataciones públicas municipales sin rendir cuentas a nadie. CONTINUARÁ.
