San Juan del Río, 25 de diciembre de 2025. — Gregorio López González comenzó como mecanógrafo del Registro Civil en los años noventa cuando el PRI gobernaba San Juan del Río. Militante priísta, recibió las canonjías típicas del corporativismo que lo encumbraron al liderazgo del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio. Lo que nadie anticipó es que aquel empleado modesto se convertiría en un cacique sindical capaz de imponer una clínica particular sin licitación que consume 120 millones de pesos anuales solo en servicios de salud, condicionar votos en procesos electorales y extorsionar gobiernos de diferentes partidos durante más de tres décadas.
La metamorfosis de López González revela la peor cara del sindicalismo corporativo mexicano: un sistema donde los líderes sindicales dejan de representar trabajadores para convertirse en operadores políticos que negocian lealtades electorales a cambio de prebendas personales y contratos millonarios sin transparencia. Los datos publicados por Rotativo durante esta semana documentan cómo este mecanógrafo del Registro Civil construyó un feudo laboral sin auditorías ni rendición de cuentas donde impone proveedores de servicios médicos sin procesos de licitación pública.
Hospital Medical Center: el negocio sin licitación
La imposición más grave documentada por Rotativo es la exigencia de atención médica exclusiva en el Hospital Medical Center ubicado en calle Hidalgo y Rayón de San Juan del Río. López González rechaza hospitales públicos o privados estándar y condiciona todas las prestaciones de salud de los trabajadores sindicalizados a esta clínica particular que consume 120 millones de pesos anuales solo en servicios médicos y medicamentos.
El secretario de Administración municipal confirmó a Rotativo el 23 de diciembre que una cirugía que en cualquier hospital público o privado estándar cuesta 10 mil pesos alcanza los 30 mil pesos en Medical Center, triplicando el gasto por cada intervención quirúrgica. De los 120 millones de pesos anuales destinados a salud sindical, 90 millones corresponden exclusivamente a subrogaciones hospitalarias derivadas de esta imposición.
Lo más grave: no existe evidencia pública de que el municipio haya realizado licitaciones para contratar servicios médicos por una cifra que representa entre 20 y 22 por ciento del presupuesto total municipal. La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público establece procesos de licitación pública para contratos de esta magnitud, pero el gobierno municipal canaliza 120 millones de pesos anuales a una sola clínica particular sin que se conozcan procedimientos de competencia, comparación de costos o evaluación de alternativas.
¿Quién se beneficia de esta imposición? ¿Por qué Medical Center y no otro hospital? ¿Qué vínculos existen entre López González y esta clínica que justifiquen la exclusividad sin licitación? ¿Por qué se rechazan hospitales públicos o privados estándar que ofrecen la misma calidad a costos tres veces menores?
Estas preguntas llevan años sin respuesta porque ninguna autoridad ha considerado relevante fiscalizar 120 millones de pesos anuales canalizados a una clínica particular por imposición sindical sin procesos de licitación pública.
Del PRI al pluripartidismo: la adaptación del cacique
Cuando los gobiernos priístas que lo encumbraron perdieron el poder, López González no desapareció de la escena política. Al contrario: perfeccionó su estrategia. Comprendió que en la democracia pluripartidista su poder no dependía de la lealtad a un partido, sino de su capacidad para condicionar el voto de más de mil trabajadores sindicalizados y sus familias. Se convirtió en una balanza electoral que gobiernos de diferentes signos políticos debían cortejar o enfrentar.
La estrategia es simple pero efectiva: antes de cada elección municipal, López González presiona a candidatos de todas las fuerzas políticas. Les ofrece el voto corporativo de sus agremiados a cambio de compromisos específicos una vez que lleguen al poder. Los candidatos aceptan porque necesitan votos. Una vez electos, el dirigente sindical cobra la factura mediante emplazamientos a huelga, amparos constitucionales y exigencias millonarias que incluyen la imposición de proveedores de servicios sin licitación pública.
El resultado es un círculo vicioso donde cada administración municipal hereda compromisos firmados por la anterior, y cada nueva gestión debe agregar concesiones adicionales para mantener la paz laboral. El gasto total en prestaciones sindicales escaló de 35 millones a más de 600 millones de pesos anuales solo en nómina para 1,300 trabajadores, pero los 120 millones adicionales destinados exclusivamente a servicios de salud en Medical Center representan el caso más flagrante de imposición sin transparencia ni licitación.
Beneficios personales disfrazados de conquistas laborales
La investigación de Rotativo documentó que López González percibe alrededor de 70 mil pesos mensuales sin cumplir horarios de trabajo desde 2016. Su hermana Gretel Jazmín aparecía en nómina con salario de más de 20 mil pesos en un cargo que a otros trabajadores les paga entre 5 y 7 mil. En 2016 condicionó el aumento salarial de 450 trabajadores a la entrega de una camioneta Suburban nueva, instalación de aire acondicionado en su oficina y 60 mil pesos mensuales adicionales “sin facturas”.
