De acuerdo con la Procuraduría Federal de Consumidor (Profeco), los proveedores están regulados por la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), por lo que tienen la obligación de cumplir con ciertas obligaciones como: No negar o condicionar la prestación del servicio por razones de género, nacionalidad, etnia, preferencia sexual, religiosa o cualquier otra particularidad.
Además, informar y respetar los precios, garantías, cantidades, calidades, términos y demás condiciones aplicables; entregar un presupuesto por escrito y factura, recibo o comprobante de servicio prestado; así como respetar las ofertas y promociones.
En la revista del Consumidor, del mes de febrero, el organismo destaca que las empresas que ofrecen el servicio de eventos sociales también tienen la obligación de registrar el contrato ante la Profeco, en el que especifiquen: descripción del contrato, precios y monto total a pagar.
Así como el lugar, fecha y hora para la recepción, prestación y conclusión del servicio, forma y medio de pago, y monto total a pagar.
También las causas de rescisión, cancelación y terminación del contrato, derechos y obligaciones de las partes; monto de penalización en caso de incumplimiento por algunas de las partes.
La Profeco subraya que en caso de que el proveedor incumpla con la prestación del servicio contratado los consumidores pueden buscar apoyo en esta institución para hacer valer sus derechos.
Por otra parte, recuerda a los enamorados la importancia de planear una boda con anticipación, y para ello, sugiere elaborar una lista de lo que se necesitará, comparar precios y solicitar información sobre el servicio contratado.
Además, formalizar con los proveedores para que entreguen el contrato por escrito en los que se especifique las características del servicio o producto contratado, así como revisar los términos y las condiciones de cancelación del convenio, penalizaciones y su aplicación.
En caso de contratar por Internet, agrega, es necesario asegurarse que el prestador de servicios tenga el domicilio fiscal en el país, y guardar los comprobantes de pagos para llevar un control de gastos y, de ser necesario, presentar una queja sobre algún incumplimiento.