México, 18 de noviembre de 2026.- El Gobierno de México presentó en la COP31, en Antalya, Türkiye, ADAPTAMX 1.0, la primera Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático del país.
El documento reúne 40 medidas con horizonte a 2035 para anticipar riesgos climáticos y proteger a la población más expuesta, sus medios de vida y los ecosistemas de los que depende.
El subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular de la Semarnat, José Luis Samaniego Leyva, encabezó la presentación y dio la dimensión del problema.
Según dijo, los daños por fenómenos hidrometeorológicos en México se estimaron en 7.2 mil millones de dólares entre 2018 y 2023. Advirtió además que, si no se toman medidas, las pérdidas económicas acumuladas hacia finales de siglo podrían llegar hasta nueve veces el producto interno bruto de México de 2024.
En esta primera versión, la política profundiza en dos de los peligros climáticos más relevantes relacionados con el agua: las sequías y las lluvias torrenciales. Después se incorporarán otros riesgos climáticos y se irán definiendo los mecanismos de implementación, seguimiento y financiamiento.
ADAPTAMX 1.0 responde al mandato de la Ley General de Cambio Climático y desarrolla las prioridades de adaptación de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0).
Su utilidad práctica está en los criterios que da a la Federación, los estados y los municipios para incluir los riesgos climáticos en sus planes, decidir dónde actuar primero y orientar el gasto público según las necesidades de cada región.
La política se organiza en seis ejes: población y territorio; sistemas productivos; biodiversidad y servicios ecosistémicos; gestión del agua; infraestructura estratégica y patrimonio cultural tangible, y seguridad y cambio climático.
En un mensaje en video, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, explicó que la política se construyó desde los territorios, con evidencia científica y saberes comunitarios.
Señaló que las comunidades rurales, los pueblos indígenas, las poblaciones insulares y los sectores de menores ingresos enfrentan mayores riesgos ante el cambio climático. «Adaptarnos no significa resignarnos al cambio climático, significa prepararnos y anticiparnos a sus impactos», afirmó.
El director general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), José Abraham Ortínez Álvarez, detalló que el documento se elaboró a partir de diagnósticos regionales y sectoriales, siete talleres y tres mesas temáticas, con la participación de 667 personas.
El INECC también presentó avances de dos herramientas para aplicar la política. La Plataforma Nacional de Riesgos Climáticos y Adaptación permitirá consultar información sobre riesgos presentes y futuros en distintos escenarios de cambio climático.
La Ruta para la Adaptación ayudará a gobiernos, comunidades, organizaciones y empresas a identificar medidas según el riesgo que enfrentan, su sector y el territorio donde se ubican.
En cuanto a recursos, el Fondo Verde para el Clima aprobó 2.8 millones de dólares para un proyecto de apoyo preparatorio, a cargo del Instituto Global para el Crecimiento Verde, que servirá para fortalecer las capacidades nacionales de adaptación y apoyar el desarrollo de la política.
El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Enrique Javier Ochoa Martínez, sostuvo que los compromisos de las conferencias climáticas deben contar con los recursos necesarios para convertirse en proyectos e inversiones en las comunidades más vulnerables.
Sobre la aplicación también se pronunciaron representantes de los estados y del Congreso. Óscar Rébora, presidente de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales y secretario de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo, dijo que los estados están listos para convertir la política en acciones concretas.
La diputada federal Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez subrayó que «la adaptación necesita respaldo legislativo y presupuestario» y planteó que las medidas se traduzcan en proyectos con objetivos y responsables claros.
«El reto que tenemos ahora es pasar del qué al cómo, articular las capacidades de la Federación, de los estados y de los municipios, llevar la adaptación a las decisiones presupuestarias y territoriales y convertir las prioridades nacionales en acciones pertinentes para cada región», resumió Samaniego.




