Querétaro quiso contar dos historias al mismo tiempo esta semana. La primera, la del estado próspero y ordenado: el gobernador adelantó una inversión de gran calado para finales de año, la capital vivió el debut mundialista con miles de personas en el Centro Histórico y el Estadio Corregidora, y el discurso oficial fue el de la paz social como sello de la casa. La segunda historia es menos cómoda y se escribió la noche del sábado, cuando un grupo reducido se desprendió de la Marcha del Orgullo LGBT+, llegó a Plaza de Armas y rompió cristales y pintó las paredes del Palacio de Gobierno.
Conviene decirlo sin matices que lo diluyan: los destrozos fueron reales y son indefendibles. El patrimonio público no es del gobernante en turno, es de todos, y repararlo sale del mismo bolsillo que paga escuelas y hospitales. Tan claro lo tuvieron los organizadores que ellos mismos se deslindaron de los hechos y los rechazaron; el propio reporte oficial reconoce que la movilización fue, en lo general, pacífica, y que quienes vandalizaron eran un grupo minoritario ajeno a los contingentes. Hasta ahí, el reclamo del Estado es legítimo: hay vías legales para inconformarse y la ley puede aplicarse a quien rompe cristales y agrede —una trabajadora de la Secretaría de Gobierno recibió un golpe—. Nada de eso está a discusión.
Lo que sí merece discusión es el tono y el contenido de la respuesta. El gobernador no se limitó a condenar los daños: ofreció una postal de eficacia que vale la pena leer con cuidado. “Sabemos quiénes son y dónde están; ya actuará la autoridad competente”, dijo, y atribuyó el conocimiento a un “estudio de inteligencia” previo a la marcha. En la misma comparecencia reconoció que a ese grupo “nunca” se lo habían puesto como un riesgo alto.
La frase quiere transmitir control, pero abre una pregunta incómoda: si la conclusión de la inteligencia estatal era que “no iba a pasar nada”, ¿qué fue, entonces, lo que se vigiló? Una marcha por derechos no debería ser, por definición, un objeto de inteligencia; y si lo fue, el ciudadano tiene derecho a saber con qué criterios y bajo qué controles. La rapidez para identificar encapuchados se celebra; la naturalidad con que se asume el monitoreo de una manifestación pacífica se debería, cuando menos, explicar.
Hay además un problema de proporción. La conversación pública de la semana terminó girando alrededor de unos cuantos que rompieron ventanas, no alrededor de lo que miles fueron a decir a la calle. Es la trampa de siempre: el peor minuto de una movilización sepulta su mensaje. Y el mensaje, en un estado que arrastra una historia tensa con los derechos de la diversidad —basta recordar el pulso por la identidad de género—, no es un detalle decorativo.
Cuando el gobierno repite que “ninguna demanda social justifica” el vandalismo tiene razón en lo jurídico, pero corre el riesgo de usar esa verdad como puerta para no hablar de la demanda misma. Condenar la pinta es fácil y correcto; escuchar lo que la pinta tapó es lo difícil.
El contraste con el resto de la agenda lo vuelve más nítido. El mismo gobernador que llamó al “diálogo y la unidad” a propósito del Mundial fue el que, ante la protesta, encontró primero el verbo del orden. La unidad es barata cuando se convoca en una fiesta futbolera con 32 mil asistentes; se prueba de verdad cuando la calle reclama.
Y no es el único frente donde la palabra “acuerdo” se queda en el aire: en el Congreso local, el propio Kuri cuestionó a la bancada de Morena por marginarse de la designación del titular de la Fiscalía, un cargo que es, justamente, el que tendría que perseguir delitos sin consigna política. La paz social, vista de cerca, no se juega solo en Plaza de Armas; también se juega en quién controla las instituciones que deciden a quién se investiga y a quién no.
Nada de esto exige indulgencia con quienes vandalizaron. Exige, en cambio, una vara pareja para el gobierno. Querétaro puede seguir vendiéndose como el estado de la tranquilidad y la inversión —lo es, en buena medida—, pero esa marca no se sostiene a punta de comunicados que prometen “consecuencias legales” cada vez que algo se sale del guion. Se sostiene si la autoridad demuestra que puede oír un reclamo sin reducirlo a su minuto más violento, y que su capacidad de inteligencia sirve para cuidar a la gente, no para inventariar a quien marcha. La semana cerró con los cristales ya repuestos y las paredes repintadas. Ojalá la reflexión de fondo no se haya limpiado con la misma rapidez.
