Bangkok, 12 may (EFE).- La junta militar de Birmania (Myanmar) comenzará a tramitar visados de turista a partir del 15 de mayo, dos años después de imponer restricciones de viaje al país debido a la pandemia de la covid-19.
Los viajeros extranjeros que quieran viajar al país deberán presentar un certificado de vacunación contra la covid-19, así como una prueba PCR negativa y un seguro médico que cubra esta enfermedad, según informa el Ministerio de Inmigración y Población en su web.
El pasado 1 de abril, las autoridades empezaron a tramitar visados de negocio para ayudar a la recuperación económica en el país, sumido en una grave crisis desde el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021.
Desde el 1 de mayo, los viajeros vacunados contra la covid-19 no tienen que hacer cuarentena.
Las autoridades birmanas confirmaron el miércoles 16 nuevos casos y ningún deceso, y acumula desde el inicio de la pandemia más de 613.000 infectados con la covid-19 y 19.434 fallecidos, mientras que la vacunación alcanza solo al 44 % de la población con la pauta completa.
Sin embargo, expertos médicos vinculados a la oposición democrática dudan de las cifras de la pandemia proporcionadas por las autoridades en manos de la actual junta militar liderada por el general Min Aung Hlaing.
Además de por el conflicto armado en algunas zonas, el turismo plantea un dilema ético a causa de la represión del Gobierno militar en el país, algo parecido a lo que ocurría durante los antiguos regímenes militares entre 1962 y 2011.
El país se encuentra sumido en una crisis política, económica y social desde el golpe militar, que llevó a muchos trabajadores sanitarios a iniciar una huelga indefinida, mientras que otros han sido arrestados por simpatizar supuestamente con el movimiento de desobediencia civil.
Los militares birmanos mantienen en la cárcel a la líder depuesta y nobel de la paz, Aung San Suu Kyi, sumida en varios juicios a pesar de los llamamientos a su liberación por parte de la comunidad internacional, y a parte de su Gobierno.
Además, al menos 1.835 personas han muerto debido a las fuerzas de seguridad y más de 10.600 se encuentran detenidas, según datos de la Asociación de Ayuda a los Prisioneros Políticos.