En política, los discursos suelen ser contundentes cuando se trata de exigir cuentas al adversario. La verdadera prueba llega cuando esas mismas exigencias alcanzan a quienes gobiernan, toman decisiones y administran los recursos públicos.
Dos asuntos colocan nuevamente a Morena frente a ese ejercicio de congruencia: los cuestionamientos sobre la conducción del Instituto Nacional Electoral (INE), encabezado por Guadalupe Taddei, y la exigencia de mayores aportaciones del Gobierno de Querétaro a la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).
Aunque se trata de temas distintos, ambos permiten revisar hasta dónde llega la responsabilidad política de quienes reclaman transparencia, autonomía institucional y recursos presupuestales.
Porque una cosa es señalar lo que otros deberían hacer y otra muy diferente explicar qué se está haciendo desde las posiciones de poder que se ocupan.
El INE y las decisiones que también tienen responsables
La llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral, en marzo de 2023, no estuvo exenta de controversia.
Su designación mediante insaculación en la Cámara de Diputados ocurrió después de que las fuerzas políticas no alcanzaron los acuerdos necesarios para elegir a los nuevos integrantes del Consejo General.
El PAN cuestionó el nombramiento y promovió una impugnación que finalmente no prosperó.
Desde entonces, la discusión sobre la independencia de la presidencia del organismo ha acompañado distintas decisiones administrativas y legislativas.
En 2024, las modificaciones a las facultades de la presidencia del INE reabrieron el debate sobre la concentración de atribuciones y el funcionamiento de los órganos colegiados.
Para sus defensores, los cambios permitirían agilizar decisiones administrativas. Para sus críticos, podrían debilitar los contrapesos internos.
El fondo del asunto no debería reducirse a determinar qué partido respalda o cuestiona a Guadalupe Taddei.
Lo verdaderamente relevante es establecer si las decisiones adoptadas fortalecen la autonomía electoral y garantizan que la institución opere sin subordinación a intereses partidistas.
A esta discusión se suman señalamientos públicos sobre presuntos conflictos de interés y contrataciones relacionadas con personas del entorno de la consejera presidenta.
Hasta que existan determinaciones de las autoridades competentes, tales señalamientos deben mantenerse en el terreno de las acusaciones sujetas a comprobación, sin convertirlos anticipadamente en responsabilidades acreditadas.
Sin embargo, la obligación de transparentar decisiones administrativas permanece.
Morena, como fuerza política con capacidad de decisión legislativa, también debe explicar el alcance y las consecuencias de las modificaciones institucionales que respalda.
Y la oposición, particularmente el PAN, tiene la responsabilidad de sustentar sus cuestionamientos con elementos verificables.
La autonomía electoral no puede defenderse únicamente cuando las decisiones del árbitro perjudican a un partido. Debe protegerse con independencia de quién ocupe la presidencia del instituto y de quién gobierne el país.
La UAQ y las cifras que incomodan al discurso político
En Querétaro, la discusión presupuestal de la Universidad Autónoma de Querétaro vuelve a colocar frente a frente a Morena y al gobierno estatal.
Representantes morenistas han planteado la necesidad de incrementar la aportación del Estado bajo un esquema de correspondencia con los recursos federales.
El planteamiento parte de una necesidad legítima: garantizar financiamiento suficiente para la universidad pública más importante de la entidad.
Pero el debate adquiere otra dimensión cuando se revisa la evolución de las aportaciones de ambos órdenes de gobierno.
De acuerdo con las cifras difundidas, en 2019 la Federación destinó 1,424 millones de pesos a la UAQ, mientras que el Gobierno de Querétaro aportó 675 millones.
Para 2026, los montos presentados ascienden a 1,818 millones de pesos federales y 1,525 millones estatales.
De confirmarse estos datos con los registros presupuestales oficiales, el crecimiento nominal acumulado de la aportación federal sería de aproximadamente 28%, frente a un incremento cercano al 126% en los recursos estatales.
La comparación requiere considerar inflación, crecimiento de matrícula, convenios de subsidio y necesidades operativas. También debe reconocerse que la aportación federal continúa siendo mayor en términos absolutos.
Sin embargo, los porcentajes muestran una diferencia que merece explicaciones.
Si Morena considera que el Gobierno de Querétaro debe destinar más recursos a la UAQ, resulta igualmente pertinente preguntar qué acciones están impulsando sus legisladores federales para incrementar la participación presupuestal de la Federación.
¿Existe una propuesta concreta para elevar el subsidio federal?
¿Se han promovido modificaciones presupuestales que respondan a las necesidades financieras de la universidad?
¿O la discusión se está concentrando principalmente en exigir mayores compromisos al gobierno estatal?
Las respuestas permitirían conocer si existe una estrategia integral de financiamiento o si cada fuerza política está defendiendo su posición dentro de la confrontación local.
La educación pública no debería convertirse en disputa partidista
El financiamiento de la UAQ no puede analizarse únicamente a partir de declaraciones políticas.
La universidad enfrenta necesidades relacionadas con infraestructura, investigación, contratación académica, mantenimiento, equipamiento y atención a una comunidad estudiantil que demanda mayores oportunidades.
Resolverlas requiere acuerdos institucionales y compromisos presupuestales sostenidos.
El Gobierno de Querétaro debe justificar sus aportaciones, explicar sus posibilidades financieras y transparentar los resultados de los recursos destinados a la institución.
La Federación, por su parte, debe hacer lo mismo respecto de sus asignaciones y compromisos.
La discusión también debe incorporar a las autoridades universitarias, porque son quienes pueden documentar las necesidades operativas y los proyectos que requieren financiamiento.
No basta con comparar cuánto aporta cada gobierno.
Es necesario conocer cuánto necesita realmente la UAQ, cuáles son las obligaciones de cada autoridad y qué mecanismos permitirían garantizar estabilidad presupuestal.
Convertir el financiamiento universitario en una competencia de declaraciones no resuelve esas necesidades.
Morena y el desafío de la congruencia
Morena construyó buena parte de su discurso político alrededor de la transformación de las instituciones, la transparencia y la crítica a las prácticas de los gobiernos anteriores.
Desde esa perspectiva, sus decisiones pueden examinarse a la luz de los principios que ha defendido públicamente.
En el caso del INE, corresponde revisar los efectos de las modificaciones legislativas sobre su autonomía y funcionamiento.
En el caso de la UAQ, corresponde contrastar las exigencias formuladas al gobierno estatal con las propuestas presupuestales impulsadas desde el ámbito federal.
Pero el ejercicio de rendición de cuentas no termina en Morena.
El PAN también debe responder por sus decisiones de gobierno, explicar sus prioridades presupuestales y demostrar que sus posicionamientos sobre autonomía institucional se sostienen con criterios consistentes.
La responsabilidad pública no cambia dependiendo de quién ocupe el gobierno o quién se encuentre en la oposición.
El problema aparece cuando las exigencias políticas se concentran en el adversario y las decisiones propias reciben un escrutinio menor.
La responsabilidad política no admite excepciones
El caso del INE y la discusión presupuestal de la UAQ ofrecen una oportunidad para ir más allá de la confrontación partidista.
En el organismo electoral, el debate debe centrarse en la independencia institucional, la transparencia administrativa y los mecanismos de control.
En la universidad, la discusión debe enfocarse en las necesidades financieras, la distribución de obligaciones y los compromisos verificables de los gobiernos federal y estatal.
Ambos asuntos requieren información pública, cifras comprobables y explicaciones de quienes participan en la toma de decisiones.
Morena tiene derecho a cuestionar al Gobierno de Querétaro. El PAN tiene derecho a exigir cuentas sobre la conducción del INE.
Pero ninguno debería quedar exento de responder por sus propias decisiones.
La ciudadanía no necesita únicamente conocer quién reclama más recursos o quién señala posibles irregularidades.
Necesita saber qué hicieron las autoridades, qué decisiones respaldaron, cuánto dinero asignaron y cuáles fueron los resultados.
Porque el ejercicio del poder no se limita a formular exigencias. También implica asumir responsabilidades y explicar sus consecuencias.
En política, exigir cuentas puede resultar sencillo. Lo verdaderamente importante es estar dispuesto a rendirlas bajo los mismos criterios.
Y esa obligación corresponde a todos, sin importar el partido, el cargo o el nivel de gobierno.
Hasta aquí, Contrapeso Político. Te leemos en los comentarios.
