Querétaro, 10 de agosto de 2026.- El gobierno del estado de Querétaro exigió a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes que concluya la reparación de los socavones en la autopista México-Querétaro.
El secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, señaló que Banobras se comprometió a cerrar los socavones antes de que arrancaran los trabajos en Bernardo Quintana — vialidad donde ya está en proceso una nueva obra — y que ese compromiso no se cumplió.
De acuerdo con Gudiño Torres, los socavones no son producto del desgaste natural de la carretera sino de una obra mal ejecutada. El gobierno estatal sostuvo una reunión con la SCT en la que le entregó por escrito un diagnóstico que documentó las fallas de ejecución, y en esa sesión hubo un reconocimiento por parte de la dependencia federal de los problemas detectados. Banobras está rehaciendo actualmente los tramos afectados.
En el último mes se registraron dos accidentes en la zona, señaló el secretario, atribuibles a la falta de señalamientos y a la ausencia de elementos de la Guardia Nacional que generen carruseles de protección para los conductores.
Gudiño Torres calificó la atención a la obra como una exigencia de la ciudadanía, los comercios y quienes transitan habitualmente por esa ruta.
En la misma zona, el secretario advirtió que la construcción de una rampa de frenado a la altura de la Cuesta China enfrenta un obstáculo adicional: los predios donde debe instalarse pertenecen a particulares.
Gudiño Torres no precisó la identidad de los propietarios ni los detalles de la situación registral del terreno, pero reiteró que corresponde a la SCT resolver ese problema y ejecutar la obra, que consideró indispensable para la seguridad de quienes circulan por ese tramo.
Las obras en la autopista México-Querétaro acumulan más seis años, más de 183 personas fallecidas y pérdidas materiales superiores a los 2.7 millones de dólares en los tramos queretanos.
El gobernador Mauricio Kuri González ha señalado en ocasiones anteriores que la autopista representa uno de los principales riesgos para el estado y que las gestiones ante la SCT no han producido respuestas concretas.
