Querétaro, 25 de agosto de 2026.- La Comisión de Puntos Constitucionales de la LXI Legislatura convocó a representantes de once municipios como parte del Constituyente Permanente del estado para analizar dos iniciativas de reforma a la Constitución local: una sobre la autonomía de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, y otra sobre la figura de iniciativa preferente.
El presidente de la comisión, Homero Barrera McDonald, explicó que la iniciativa en materia de fiscalía acumula dos propuestas que buscan devolver a la Legislatura local la potestad de designar la terna de candidatos al cargo de fiscal anticorrupción, atribución que actualmente corresponde al Ejecutivo.
Los municipios convocados fueron Amealco de Bonfil, Cadereyta de Montes, Corregidora, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles, Pedro Escobedo, Peñamiller, San Juan del Río, Tequisquiapan y Tolimán.
El diputado Eric Silva Hernández, secretario de la comisión y coautor de la iniciativa, señaló que el propósito es que el proceso de selección del fiscal anticorrupción no quede en manos del Ejecutivo, y que la Legislatura pueda elegir a quien ejerza esa función garantizando pluralidad y democracia.
Legisladores y representantes de once municipios participaron en la sesión del Constituyente Permanente para analizar dos iniciativas de reforma a la Constitución local.
La Fiscalía Anticorrupción de Querétaro cerró recientemente nueve años de gestión de su primer titular, Benjamín Vargas Salazar, con más de 220 millones de pesos recuperados, lo que dejó abierto el proceso de designación del nuevo fiscal.
En un segundo punto del orden del día, Barrera McDonald presentó a los municipios la iniciativa sobre iniciativa preferente. Señaló que, aunque esta figura ya existe, carece de un procedimiento suficientemente claro para garantizar que los temas urgentes del Ejecutivo sean discutidos.
La propuesta plantea que el titular del Ejecutivo pueda señalar hasta dos iniciativas como preferentes y que las comisiones legislativas tengan un máximo de 30 días naturales para discutirlas y votarlas.
Si ese plazo vence sin pronunciamiento de comisión, el asunto pasaría directamente al Pleno como primer punto de la siguiente sesión, aunque ello no implicaría aprobación automática.
La sesión forma parte del procedimiento constitucional que requiere la participación de los ayuntamientos para que una reforma a la Constitución local pueda aprobarse.
La Comisión de Puntos Constitucionales ya había recurrido al mismo mecanismo en julio para llevar a los 18 municipios la reforma sobre no reelección y nepotismo electoral.
