Querétaro, 27 de diciembre de 2025. —La Secretaría de Desarrollo Urbano municipal procesó 4,134 solicitudes de licencias de construcción durante 2025, de las cuales 2,122 resultaron procedentes y 735 improcedentes, mientras el número restante correspondió a regularizaciones de obras ya construidas, informó Gerardo Romero Altamirano, titular de la dependencia.
Las cifras reflejan el dinamismo de la actividad constructora en la capital queretana y la implementación de programas que facilitan la regularización de inmuebles sin permisos.
El funcionario municipal detalló que las terminaciones de obra registraron 495 procedentes y 782 improcedentes, evidenciando que aproximadamente 61% de las obras concluidas enfrentaron observaciones técnicas o documentales que impidieron su autorización inmediata.
Las autoridades mantienen dos programas de regularización vigentes: el primero opera durante toda la administración para construcciones de hasta 400 metros cuadrados y condona la multa por haber edificado sin licencia, mientras el segundo aplica hasta marzo de 2026 para construcciones pequeñas de hasta 200 metros cuadrados y dispensa la presentación de planos arquitectónicos completos.
Romero Altamirano explicó que la multa por construir sin licencia equivale a "cuatro tantos de lo que cuesta la licencia", de modo que regularizar fuera del programa implica pagar cinco veces el costo normal.
El primer programa de regularización exige que la construcción tenga al menos tres años terminada para evitar fomentar nuevas edificaciones irregulares.
El segundo programa piloto, diseñado en coordinación con el Colegio de Arquitectos, permite que el usuario firme una carta responsiva en lugar de presentar planos completos, reduciendo significativamente tiempos y costos de trámite. Las autoridades estudian ajustar este esquema según los resultados obtenidos durante su vigencia temporal.
El departamento de licencias procesa solicitudes para todos los usos y giros de construcción, desde vivienda unifamiliar hasta desarrollos comerciales e industriales, aplicando el código urbano vigente y verificando cumplimiento de requisitos de protección civil, medio ambiente y movilidad.
