Querétaro, 25 de agosto de 2026.- El PRI en Querétaro propuso tres medidas para combatir la corrupción y planteó que el Estado cuente con procedimientos claros y expeditos para actuar frente a servidores públicos en funciones investigados por delitos graves, en un posicionamiento de la dirigencia estatal que encabeza Abigail Arredondo Ramos.
La primera medida consiste en modificar los procedimientos para elegir a los titulares de contralorías, fiscalías y organismos encargados de combatir la corrupción, con el fin de privilegiar perfiles profesionales y con independencia política.
La segunda plantea establecer mecanismos permanentes de vigilancia con participación ciudadana, incluida la posibilidad de crear una figura ciudadana especializada en materia anticorrupción.
La tercera propone procedimientos para actuar frente a funcionarios sujetos a investigación por posibles actividades delictivas, con respeto al debido proceso y la presunción de inocencia.
El planteamiento respondió a las propuestas que en días pasados comentó el gobernador Mauricio Kuri González para establecer nuevos mecanismos de revisión de quienes aspiren a una candidatura.
La dirigencia priista se dijo abierta a fortalecer los instrumentos que garanticen perfiles íntegros.
No obstante, Arredondo Ramos consideró que la discusión debe ir más allá de un nuevo requisito electoral, pues el INE y el IEEQ ya cuentan con mecanismos como la declaración “8 de 8 contra la violencia”.
A su juicio, la pregunta no es solo quién puede ser candidato, sino con qué mecanismos cuenta el Estado para actuar cuando un funcionario en ejercicio es investigado por corrupción, delincuencia organizada u otros delitos graves.
La dirigente vinculó su posición con los recientes acontecimientos de Sinaloa. Recordó las acusaciones presentadas el 29 de abril por fiscales federales de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios y exfuncionarios, por presuntos delitos de narcotráfico, corrupción y protección a integrantes del crimen organizado.
Sostuvo que, frente a señalamientos de esa naturaleza, lo que corresponde es una investigación profunda y transparente, sin adelantar responsabilidad.
Arredondo afirmó que no se puede combatir al crimen organizado si existe la sospecha de que quienes deberían combatirlo pudieran estar vinculados con él, y descartó que puedan mediar consideraciones partidistas cuando está de por medio la seguridad de las familias.
La presidenta estatal del PRI citó datos del IMCO según los cuales, durante 2025, el costo promedio por ciudadano por la corrupción alcanzó los 5 mil 432 pesos, un aumento de 15% respecto a 2023 y el nivel más alto en diez años.
Respecto al caso de Sinaloa, la dirigente refirió que Rubén Rocha Moya, después de 112 días de licencia, intentó regresar a la gubernatura y posteriormente volvió a separarse del cargo, situación que a su parecer refleja la dimensión de la crisis política en esa entidad.
Arredondo Ramos señaló que Querétaro, pese a presentar indicadores comparativamente mejores que otras entidades, no puede caer en la complacencia.
“En Querétaro debemos adelantarnos. Queremos instituciones que funcionen independientemente de quién gobierne. La integridad no debe revisarse únicamente durante una campaña electoral; debe exigirse desde el primer hasta el último día en el servicio público”, afirmó.
