Este Paquete contiene los lineamientos de política económica para el próximo año, el gasto público y la Ley de Ingresos. Todo ello se pone a consideracion del Congreso, deberá aprobarse a más tardar el 15 de noviembre del presente año.
Según el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, “la política económica está dirigida a proteger a los que menos tienen, a los ciudadanos les digo que no los dejaremos solos y que de esta saldremos todos juntos”. La recuperación económica indispensable, dependerá en gran medida del descubrimiento y aplicación de una vacuna para el COVID-19.
Conforme al marco macroecnómico se estima un tipo de cambio en 21.9 pesos por dólar y un precio promedio de la mezcla mexicana de 42.1 dólares por barril, con una plataforma de producción de petróleo de 1.857 millones de barriles diarios.
El gasto programable mantiene una participación importante en el PIB, del orden de 18.5 por ciento, la inversión es reducida (3.3 por ciento) al igual que los ingresos petroleros (ver gráfica).
Los ingresos presupuestarios proyectados son de 5 billones 539 mil millones de pesos, esto es 3 por ciento menor en términos reales respecto de lo aprobado para 2020. Se estima un gasto público total de 6 billones 295 mil millones de pesos, implica una reducción de 0.3 por ciento real, respecto al de este año.
Los ingresos tributarios -son aquellos que se obtienen por la acción de recaudar los impuestos provenientes de las ganancias obtenidas y de la comercialización de bienes y servicios, por parte de la ciudadanía-, y son fundamentales. Su comportamiento depende de la recuperación del empleo y en general de las actividades económicas, actualmente muy fracturadas, las cifras de Inegi o estimaciones del PIB en este año son muy preocupantes.
La inflación se preveé en un 3.0. Esta meta es sustancial porque lo que ahora se aprecia es un crecimiento en los precios de los básicos, que le pegan directamente al bolsillo de las familias. Es una combinación negativa muy grave: desempleo y crecimiento de precios en alimentos.
Como ha venido sucediendo la tasa de interes se reducirá al 4.0 por ciento, desalienta la inflación y la especulación financiera. Se supone que también incentiva la inversion directa, la que genera empleos.
De acuerdo con la exposición de motivos del Proyecto de Presupuesto (PPEF 2021), se asignarían 151,622.9 mdp para reducir las carencias que persisten en el acceso al derecho a la salud. Esto se repartiría en el Programa de Vacunación —que el próximo año cobrará importancia por la pandemia de COVID-19—, la Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social y el Programa IMSS-Bienestar, entre otras áreas.
La redistribución del ingreso y el bienestar social se focaliza en seis ejes: pensión para adultos mayores; apoyo para el bienestar de las niñez, hijas e hijos de madres trabajadoras; pensión para las personas con discapacidad permanente; jóvenes construyendo futuro; producción para el bienestary precios de garantía, así como sembrando vida.
Todos estos programas están dirigidos a la base de ingresos de la población, la que requeriere con urgencia apoyos. Sin embargo no hay un apoyo directo para el desempleo, toda esa población que de la noche a la mañana perdió sus ingresos o bien, se le redujeron hasta en un 50 or ciento, o más. Se rechazó la posibiidad de un seguro de desempleo y la de un ingreso vital, ambas propuestas por académicos y especialistas en los temas.
La Secretaría de Economía mantiene su programa de apoyos con microcréditos para las micro y pequeñas empresas, son créditos a la palabra y seguramente de muy dudosa recuperación para el gobierno, mientras que para las empresas apenas un granito de sal. Con austeridad de gasto como línea política y sin reforma fiscal que genere más recursos al Estado, es muy poco lo que se logrará, el enfásis debe estar en la recuperación del empleo, pero del empleo formal, lo actual es crecimiento del informal, sin salario digno o calidad de vida.
En esa misma línea para 2021 debe continuarse con la implementación de la Reforma Laboral y su necesaria adjudicación de recursos. Conforme al artículo tercero transitorio del Decreto de Reforma a la Ley Federal del Trabajo, publicado el 1 de mayo de 2019, para mayo de 2021 el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), deberá iniciar su función de registro de sindicatos y contratos colectivos en la totalidad del territorio nacional, por lo que se instalarán 24 oficinas registrales en las entidades federativas para absorber las funciones que actualmente realizan 58 Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; así como para operar nuevos procedimientos en materia de organización y verificación de procesos de democracia sindical, y el seguimiento de quejas en el marco del Capítulo 31 “Solución de controversias” del T-MEC. Hay un compromiso internacional, con un acuerdo laboral dentro del Tratado que no se puede ignorar.
Ahora que atendiendo los incrementos y recortes de gasto previstos o propuestos por Hacienda para 2021, se aprecia que Turismo registra el crecimiento más alto de su gasto (641.5 por ciento). Obedece a que es una actividad muy golpeada por la pandemia; a los proyectos como el tren Maya, pero fundamentalmente a la imperiosa necesidad de resucitar una actividad económica que es la tercera fuente de divisas (después de exportación de Manufaturas y Remesas), por si fuera poco importante fuente de empleo, sobre todo para Mujeres.
Defensa Nacional muestra un incremento de 15.7 por ciento y Salud 9.1 por ciento, aquí la pregunta obligada es si ese sector ahora estratégico, podrá con un gasto tan lmitado. Los ajustes a la baja están en Comisión Federal de Electricidad (-11.6 ); Secretaría del Trabajo (-20.3 ) y, Hacienda (-17.3 por ciento). Para IMSS e ISSSTE su gasto se incrementará en 5.7 y 3.3 por ciento, respectivamente.
La pelota está en la cancha del Congreso, pero con un margen de maniobra muy limitado y pocas posibilidades reales de pasar a un gasto más expansivo, con una mirada de protección y sustento para la clase trabajadora. Es un Paquete eonómico que cumple con las expectativas del Sector Financiero.