Ciudad de México, 22 de junio de 2026.- Políticos y funcionarios en México activan demandas, multas y procedimientos judiciales contra periodistas y críticos que cubren corrupción e inseguridad, en una tendencia que llevó a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) a ubicar por primera vez al país en el nivel de "alta restricción" de su índice de libertad de expresión. La advertencia surge de un extenso reportaje de los periodistas Emiliano Rodríguez Mega y Paulina Villegas, publicado por The New York Times el 19 de junio.
En procesos civiles, penales y electorales, comunicadores han sido acusados de violar leyes antiterroristas, normativas sobre inteligencia artificial y, con creciente frecuencia, la figura de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPEG), diseñada originalmente para proteger a mujeres políticas de la discriminación estructural.
Artículo 19 documentó 69 casos de acoso judicial en 2025, cifra que triplica la del año anterior y marca el registro más alto en la historia de seguimiento de la organización. En los primeros siete meses de ese año se abrió un proceso legal contra la prensa cada cuatro días; en total, 39 periodistas y 12 medios de comunicación fueron notificados.
Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, describió el patrón ante el NYT como funcionarios "activando el poder judicial para amedrentar", con el propósito de sujetar a los comunicadores a un desgaste prolongado, no de reparar un daño real a su reputación o imagen.
La figura de género como instrumento judicial
Uno de los casos más documentados ocurrió en Veracruz: en abril de 2025, un tribunal federal declaró culpables de VPEG a cinco periodistas de Radio Teocelo por una pieza satírica difundida durante la campaña de 2024 sobre entonces candidata del Partido Verde Ecologista, Mara Chama Villa. El fallo consideró que la pieza "minimizaba" a la aspirante. Las sanciones incluyeron multas superiores al salario mensual, disculpas públicas obligatorias, retiro del material y la inscripción en un registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia de género. Cuando organizaciones de la sociedad civil y colegas cuestionaron el veredicto, el proceso alcanzó a cerca de 70 personas más.
"Todo eso está en letra muerta", dijo Élfego Riveros, reportero de Radio Teocelo, al referirse al derecho a la información en México.
Martha Lucía Mícher, senadora de Morena e impulsora del marco legal de género, rechazó el argumento del abuso. "Nosotras no estamos abusando de esas leyes", sostuvo ante el NYT. "Nosotras somos víctimas".
Prohibiciones de publicación y control editorial
En Campeche, un juez ordenó a una periodista del medio Tribuna abstenerse de publicar cualquier contenido relacionado con la gobernadora Layda Sansores, y exigió que el medio sometiera a revisión judicial toda su cobertura sobre ella antes de publicarla. La orden no entró en vigor tras un amparo presentado por la defensa de los periodistas.
La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que exista censura en México. "¿Dónde hay censura en México?", respondió ante periodistas. Además sostuvo que los comunicadores críticos a su gobierno son los mismos que recibían prebendas de ex presidentes.
Paulina Gutiérrez, directora ejecutiva de R3D, organización de derechos digitales, señaló que el problema radica en disposiciones legales con márgenes de interpretación amplios que facilitan su uso facioso. México acumula casi 180 periodistas asesinados desde el año 2000; el acoso judicial representa, según las organizaciones defensoras, una capa de silenciamiento menos visible que la violencia física, pero con idéntica capacidad de inhibir la cobertura crítica de asuntos de interés público.
