En declaraciones a Radio Fórmula, su abogado, Epigmenio Mendieta, dijo que Robles, de 64 años, no quiere pasar el resto de su vida en la cárcel y tomó esta decisión luego de que la Fiscalía General de la República pidiera dos nuevas órdenes de arresto en su contra, por lavado de dinero y delincuencia organizada.
Estas nuevas órdenes de arresto "orillan a Rosario a tomar esta decisión", apuntó el letrado sobre el llamado "criterio de oportunidad" que está buscando la exsecretaria y que consiste en colaborar con las autoridades a cambio de beneficios procesales.
Para Mendieta, si se concreta definitivamente que Robles sea testigo colaborador de la Fiscalía, en un mes ella podría estar enfrentando su proceso en libertad, tras pasar más de un año entre rejas.
Robles decidió optar por colaborar porque desconocía si, de concretarse las nuevas órdenes de detención, podría optar a los mismos beneficios, afirmó el abogado.
La decisión de Robles de ser testigo colaborador de la Fiscalía da un giro a su proceso.
Rosario Robles, acusada de permitir el desvío de fondos por 5.000 millones de pesos (225 millones de dólares) a través de universidades públicas y empresas fantasma, aseguró el pasado 26 de octubre en una carta desde la cárcel que no mentirá para obtener su libertad ya que es inocente y no quiere "salir por la puerta de atrás".
Falta por conocer a quién señalará ahora al colaborar con la Fiscalía. Todo parece indicar que podría apuntar hacia el ex secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong o el ex secretario de Hacienda y también de Relaciones Exteriores Luis Videgaray, quien fue mano derecha de Peña Nieto.
Según el abogado, ella sintió abandono -en las "propias palabras" de Robles- por parte de gente cercana a ella en el Gobierno anterior, por lo que decidió actuar.
"Ella esperaba solidaridad por parte de los que formaban parte de ese gabinete", dijo.
Robles no es la única persona de la Administración de Enrique Peña Nieto que ha decidido actuar como testigo colaborador.
El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, acusado de corrupción en el caso Odebrecht y por la compraventa irregular de una planta de fertilizantes, fue extraditado desde España a México tras un acuerdo con la Fiscalía por el cual acusó a Peña Nieto y a Videgaray en una red de sobornos y ahora afronta su proceso en libertad.