La delegación en México de la Unión Europea (UE) y la embajada de Canadá han sido los primeros en enviar cartas a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, para expresar su preocupación por el acuerdo publicado.
En su carta, la delegación de la UE manifiesta la inquietud de compañías europeas relacionadas a las energías limpias en el país, debido a la decisión de "suspender con plazo indefinido la entrada en operación de plantas de energías renovables y limitar la generación por centrales eólicas y fotovoltaicas en operación".
Por su parte, la embajada canadiense manifestó en su misiva que el acuerdo arriesga "la operación y continuidad de empresas canadienses".
Expresó también preocupación por la política de meses recientes de cancelar las subastas de energía limpia.
La carta menciona, se "ponen en riesgo a corto plazo, inversiones por aproximadamente 450 millones de dólares, así como la operación de más de mil empleos".
De parte de la iniciativa privada nacional, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) han reaccionado ante la publicación del acuerdo.
El CCE acusó a esta política de "violentar el estado de Derecho" y de atentar "contra la legalidad, certeza jurídica y libre competencia económica del sector energético del país". Asimismo, señala la afectación de los derechos de todos los participantes en el sector.
COPARMEX, en un comunicado, señaló que la resolución paró 44 acuerdos privados para producir energía solar y eólica con el fin de dar preferencia a las empresas estatales PEMEX y CFE, a quienes acusa de generar "fósiles contaminantes".
Esta asociación citó también cifras de la Asociación Mexicana de Energía Solar y la Asociación Mexicana de Energía Eólica, según las cuales, esta decisión provocará la pérdida de 29 mil 517 empleos.
Ante las críticas, la SENER ha explicado que, conforme a la Constitución Mexicana, la política de confiabilidad define al "servicio público de transmisión y distribución" como áreas estratégicas del Gobierno de México así como "condición necesaria para mantener la seguridad e independencia energética".
De acuerdo a esta secretaría de Estado y a las declaraciones de su encargada, Rocío Nahle, el objetivo y principal beneficio del acuerdo es el ordenamiento y la confiabilidad del sistema eléctrico.
Rocío Nahle dio a conocer también las estadísticas del uso de energías intermitentes en el país. Las energías intermitentes son aquellas sobre las que no se tiene control externo directo en cuanto a su disponibilidad (por ejemplo, la energía eólica o la solar).
Estas energías deben ser respaldadas por otras formas de generación de energía, como la geotérmica, el carbón o el combustóleo, capaces de ser accionadas para trabajar cuando las fuentes intermitentes dejan de estar disponibles, como suele suceder en la noche, en el caso de la energía solar.
A través de Twitter, Rocío Nahle, reportó una capacidad instalada del 31 por ciento para generar electricidad por medio de energías renovables, específicamente, 1.2% a través de geotermia, 2% energía nuclear, 4.3% energía eólica y 16% hidroeléctrica.
Según SENER, las energías intermitentes "se deben incorporar mediante la intervención y apoyo necesario de centrales que tengan disponibilidad total y proporcionen reserva de planeación y operativa, así como servicios conexos que hagan viable su funcionamiento", por lo que la autoridad al frente de esta dependencia ha asegurado, no se trata de impedir el uso de energías renovables.
1La Secretaría resaltó también el avance del 67% en "la capacidad instalada efectiva y en pruebas de Subastas de Largo Plazo", y la continuación del programa durante 2020 y 2021.