Querétaro, 16 enero 2023.- La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca, lamentó la falta de acuerdos en la creación de la iniciativa de decreto para la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que sometió el poder ejecutivo federal el pasado 13 de diciembre.
Esto, al referir que aún no se toman en cuenta las opiniones y sugerencias de investigadores de diversas instancias académicas, por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
“Es la cuarta iniciativa que se somete, y que no se ha llegado todavía a nada; y esto es porque hay una falta de conciliación entre las partes, que serían CONACYT y las instituciones que hacemos investigación en México. Parte del gran problema es que no estamos siendo tomados en cuenta y que el sistema es completamente centralista”, comentó.
Teresa García indicó el acompañamiento que tuvo la UAQ en la presentación de un exhorto al Congreso de la Unión, el pasado 11 de enero, a los encargados de las comisiones legislativas de Ciencia, Tecnología e Innovación.
En ella, dijo, se pide considerar distintos puntos propuestos por la comunidad científica; así como garantizar los recursos y presupuestos para el desarrollo propio. Sin embargo, reconoció que la propuesta como se encuentra al momento, retrasaría al país hasta 50 años.
“El exhorto establece que la propuesta restringe la libertad académica de investigadoras e investigadores, e impone una estructura jerárquica y burocrática que nos relegaría a 50 años; nos retrasaría. Lo que se pide es que se garanticen varios puntos, entre ellos, el presupuesto”, comentó.
Por ello, García Gasca reiteró el llamado a que los legisladores abran los espacios de participación, entre foros y parlamento abierto, para dialogar sobre las necesidades reales de la ciencia, la tecnología e innovación de este país.
Puntualizó que se han juntado hasta 2 mil 800 firmas de investigadores, instituciones académicas y científicas; pidiendo la apertura a las mesas de trabajo. No obstante, aseguró que el CONACYT ha descalificado la petición de la comunidad.
“Lejos de que la autoridad tenga una actitud conciliatoria y de apertura al diálogo, se cierra. Termina diciendo que son voces interesadas en que permanezca un andamiaje que les permita conservar privilegios a costa del erario público”, concluyó.