Reprueba UAQ resultados de CONACYT

08 de Agosto de 2022
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Querétaro, 8 Agosto 2022.- La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa de Jesús García Gasca, manifestó su preocupación por las “malas decisiones” que se han tomado desde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), a nivel federal.

La rectora refirió que ha existido una falta de comunicación y apertura total por parte de la directora de esta instancia, María Elena Álvarez-Buylla, con las universidades; lo cual, dijo, ha generado molesta en la comunidad científica.

“Cada vez hay un mayor vacío en la asignación de recursos a ciencia y tecnología en este país. Es muy preocupante. Preocupa todavía más la falta de comunicación con la directora de CONACYT. Ella no acepta propuestas, no acepta críticas, y esto apunta a que hay una ruptura inminente con la comunidad científica en general”, argumentó.

García Gasca reprobó que en México, no se invierta lo necesario en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, pues refirió que gran parte del presupuesto de CONACYT se redirigió a obras prioritarias del gobierno federal.

“Somos un país que no le está apostando al desarrollo científico o tecnológico, y eso nos condena al subdesarrollo. Vamos a depender siempre de la tecnología extranjera, lo cual no es para nada positivo”, resaltó.

Además, condenó los actos de persecución contra investigadores, al señalarlos como presuntos partícipes de actos de corrupción.

Teresa García afirmó que tampoco existe transparencia en los procesos de CONACYT, en relación con la asignación de científicos en el Sistema Nacional de Investigadores; y en la entrega de algunos recursos.

Incluso, destacó que se había pospuesto hasta 10 meses el el informe de actividades de CONACYT hacia el Congreso de la Unión; y la rectora cuestionó que se hayan presentado los resultados únicamente a legisladores federales de Morena, en el mes de julio.

Agregó que se realizaron “ahorros”, con la extinción de fideicomisos y programas de apoyo para el desarrollo de proyectos, de alrededor de 45 mil millones de pesos; los cuales debieron ser recuperados con métodos jurídicos.

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