Esto en cumplimiento con las medidas preventivas tras la contingencia sanitaria por Covid-19.
“Esta medida consiste en hacer efectivo el derecho humano de protección jurídica, técnica y adecuada a las personas privadas de la libertad, en los diferentes centros penitenciarios del estado de Querétaro, para que tengan asistencia jurídica de seguimiento, asesoría y actualización de sus casos”, abundó.
Informó que activaron un plan de acción para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, para mantener la comunicación con sus defensores públicos, a través de la tecnología.
“Es una medida que se adopta a partir de la herramienta de los mecanismos electrónicos para acercar la justicia a las personas privadas de su libertad a partir de sus abogados defensores penales públicos”, refirió.
Explicó que las personas privadas de la libertad tienen la posibilidad de comunicarse de manera confidencial con su defensor penal público por videollamada, mediante el uso de tabletas electrónicas.
Arvizu Galván, subrayó que con esta medida, los defensores penales públicos garantizan su derecho de acceso a la justicia y defensa adecuada, sin exponer la salud del servidor público ni de la persona defendida.
El plan de acción se desarrollará en los cuatro Centros Penitenciarios del Estado y en el Centro de Internamiento y Ejecución de Medidas para Adolescentes (CIEMA).
El director del Instituto de la Defensoría Penal Pública, señaló que esta actividad se comenzó a desarrollar a partir del 27 de abril, con los adolescentes privados de su libertad del CIEMA, en horarios previamente establecidos, para continuar de manera simultánea con la totalidad de los Ceresos de Querétaro.