Contempla la liberación de personas que hayan sido procesadas en el fuero federal por delitos contra la salud, como portación de drogas, aborto y robo simple y sin violencia ni armas de fuego.
También incluye a los presos políticos e indígenas, que no hayan tenido un juicio justo por falta de intérprete. Esta ley fue discutida, según autoridades del congreso de la unión, en el marco de la pandemia, para un mejor control de los centros penitenciarios.
En ese sentido, el integrante del colectivo CLEIDH, Luis Leal, aseguró que la ley es clara en los delitos que pueden aplicar a este beneficio para quienes fueron procesados.
“Nuestra postura es a favor a grandes rasgos, porque la Ley de Amnistía cumple con todos los estándares internacionales en materia de derechos humanos. No se pueden ‘amnistear’ delitos graves o que tienen que ver con violaciones graves a los derechos humanos”, explicó.
Luis leal afirmó que la Ley de Amnistía es un ejercicio muy bueno de justicia social, al incluir el factor económico, de género y la justicia étnica.
En relación con las críticas de algunos partidos de oposición en relación con la posibilidad de que esto generara mayor impunidad, violencia e inseguridad, resaltó que es falsa esta conclusión.
Argumentó que se privilegia la justicia a los grupos vulnerables que han sido víctimas de fallas en el aparato de justicia, o que han sufrido la falta de acceso a una defensoría adecuada.
Destacó que esto es un gran paso, y que el hecho de que haya salido en esta contingencia sanitaria coincide con algunos esfuerzos de otros países, como Colombia, donde se ha tomado la decisión de liberar presos para el control del COVID-19.
“Es una buena casualidad que haya coincidido con esta contingencia, pero también hay otras medidas que seguramente se van a adoptar en el marco de la contingencia, que puede ser liberar a otro tipo de personas que también cometieron algún delito menor”, refirió.
Señaló que esta ley impulsará a las legislaturas y gobiernos locales a implementar estrategias parecidas para evitar violaciones y errores en las estructuras de impartición de justicia, por lo que admitió que será a voluntad de las autoridades replicar este ejercicio.