En primera instancia, como parte de su diagnóstico actual, afirmó que el 65 por ciento de los ciudadanos en la zona metropolitana usa diariamente el transporte público, lo cual representa una población de 600 mil ciudadanos; y que el desarrollo urbano y la falta de planeación han provocado una movilidad deficiente.
“El transporte público está secuestrado por una mafia que se llama Móvil Qrobus. Los únicos que ganan son ellos, mientras que los ciudadanos están perdiendo además de su dinero, lo más valioso que tienen que es su tiempo”, argumentó.
Ante ello, Reséndiz Jaime comentó que su gobierno se haría cargo completamente del Transporte Público; con lo cual desaparecerían los 15 concesionarios de Móvil Qrobús. La intención, mencionó, es ampliar las rutas, mejorar el servicio y brindar un trato digno.
“Vamos a requizarlo, vamos a tener el control total de los autobuses y de las líneas. Vamos a quitarle el negocio a los concesionarios. Durante los dos primeros años, vamos a eliminar la tarifa, porque los ciudadanos no pueden seguir teniendo un mal servicio. Vamos a convertir realmente el transporte público en un servicio público y no en un negocio privado”, sostuvo.
Entre las propuestas que se tienen, relató, es dar una tarifa gratuita por los primeros dos años a todos los usuarios; previendo las estrategias necesarias en caso de presentarse una alta demanda de dicho servicio. Posteriormente, dijo, se analizaría una tarifa adecuada.
Para ello, la candidata calculó poder subsidiar el costo operativo del servicio con 2 mil millones de pesos de forma anual, al puntualizar que la empresa concesionaria Móvil Qrobus obtiene 2 mil 246 millones de pesos; “en mi gobierno, les anuncio hoy, este negocio se acabó”.
En favor de este objetivo, indicó, se aplicará un programa de austeridad y ahorros en las diversas dependencias con el que se estima generar 2 mil 500 millones de pesos. Además de revisar el aparato burocrático del estado, para minimizar los recursos en la materia hasta por 500 millones de pesos.
Katia Reséndiz destacó que se podría suscitar una serie de “trabas”, como amparos y recursos jurídicos por parte de los empresarios, situación que revisaría y donde se establecerían mesas de diálogo con los concesionarios.