Querétaro, 2 de diciembre de 2025. — La bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso de Querétaro advirtió que la reforma a la Ley de Aguas Nacionales propuesta por el gobierno federal representa un riesgo para familias, productores y municipios al concentrar en una sola autoridad de la Ciudad de México las decisiones sobre administración del recurso que actualmente toman estados y gobiernos locales con conocimiento de la realidad regional, informó el coordinador parlamentario Guillermo Vega Guerrero acompañado de siete diputados de su fracción en conferencia de prensa.
Mire, cada estado y cada cuenca tiene problemas distintos: unos sufren sobreexplotación, otros contaminación, otros falta de infraestructura. Si se elimina la participación de gobiernos locales y usuarios como propone la reforma, se perdería la experiencia técnica que permite que el agua llegue a hogares, campos y empresas", explicó Vega Guerrero, quien señaló que la iniciativa ha generado rechazo nacional evidenciado en bloqueos carreteros y tomas de autopistas por parte de productores afectados.
El legislador detalló que la reforma al artículo 22 permitiría a la Federación revocar o negar concesiones de agua sin estudios técnicos obligatorios, mientras que la modificación al artículo 13 Bis reduciría los consejos de cuenca —que integran estados, municipios, usuarios y especialistas— a simples órganos consultivos sin capacidad de decisión.
Adicionalmente, el artículo 119 amplía facultades federales para multar, suspender operaciones o intervenir sistemas sin definir criterios de proporcionalidad ni plazos de defensa, precisó el coordinador panista.
Diputado Guillermo Vega Guerrero y bancada PAN Querétaro advierten riesgos de centralización en reforma Ley Aguas Nacionales.
Vega Guerrero sostuvo que la reforma no incluye un solo artículo que resuelva la crisis del agua mediante modernización de tuberías, reducción de fugas, aprovechamiento de aguas tratadas o mejora de plantas de bombeo.
"No hay una ruta para financiar la infraestructura que el país necesita. Solo se centralizan facultades sin proponer soluciones", enfatizó el diputado, quien advirtió que la iniciativa reduce transparencia y participación ciudadana al limitar espacios donde sociedad, especialistas y autoridades locales vigilan el manejo del recurso hídrico.
La bancada panista manifestó que la reforma genera incertidumbre para agricultores, industria y organismos operadores que requieren estabilidad para invertir y mantener sistemas que abastecen a millones de usuarios.
De ahí que la oposición advierta que la iniciativa no garantiza más agua a nadie, por el contrario, limita la capacidad de respuesta local y elimina posibilidades de participación ciudadana en decisiones fundamentales sobre el recurso más estratégico del país.
El nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares entrará en vigor de manera gradual a partir de junio de 2026. 