Dicho proyecto pretende reformar diversos artículos de la Ley General de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratos de Servicios del Estado de Querétaro, para armonizarla con las disposiciones del Sistema Nacional Anticorrupción.
En este sentido, Arredondo Ramos apuntó que la intención es fortalecer y robustecer el sistema estatal anticorrupción, para generar transparencia en los procesos de contratación gubernamental.
“Que todo personal físico y moral que haya sido sancionado o inhabilitado por actos de corrupción no pueda participar en nuevos procedimientos de licitación o contratos públicos”, detalló.
Lo anterior, indicó la legisladora, es para ““el combate a la corrupción, a fin de garantizar que en las adquisiciones y contratos que realicen los entes públicos, exista certeza respecto a la honestidad de los proveedores”.
Por su parte, la diputada Careaga Pineda subrayó la importancia de la participación de los órganos internos de control en todos los procedimientos licitatorios.
Abundó en que se busca promover el cuidado y vigilancia de los procedimientos, el cumplimiento de los requisitos exigidos por ley; y fomentar auditorías más transparentes que cumplan con los lineamientos legales.
En el tema de compras, precisó la diputada serrana, se busca que los servidores públicos cuenten con herramientas necesarias ara desarrollar de manera oportuna las adquisiciones, es decir, que ellos tengan a tiempo sus actividades financieras y puedan adjudicar correctamente.
Las legisladoras comentaron que los proveedores que estén sometidos a investigación o hayan sido sancionados, quedarían suspendidos del padrón estatal de 3 meses a 8 años, según su periodo de sanción.
Por último, citaron que cifras de la organización Mexicanos contra la Corrupción, arrojan que tres de cada cuatro contratos de esta administración federal actual se han adjudicado de manera directa.
Asimismo, en México, cerca de mil 500 empresas han sido inhabilitadas, y solo 23 mil contratos se llevaron a cabo mediante licitación pública.
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En Querétaro, comentó, tras datos de la Entidad Superior de Fiscalización, se obtuvo que prevalece el conflicto de intereses y la vinculación de servidores públicos con empresas.
Además, puntualizaron, el ente más observado en el periodo de enero a diciembre de 2018 fue el municipio de Querétaro, en la administración de la presidencia municipal de Marcos Aguilar Vega, en la capital del estado.