Vega Guerrero dijo que se trata de una ‘bajeza’ de la ex contralora Noemí Escamilla, el ex titular de finanzas Carlos Rivas Gutiérrez y el ex oficial mayor Carlos Olguín González, quienes tienen demandado al municipio por supuesto despido injustificado.
Reconoció que sus pretensiones significarían un desfalco para el municipio, ya que la suma asciende a más de 10 millones de pesos, cuando es bien sabido que en cada administración, el gabinete es renovado y solo se finiquita.
Enfatizó que esta situación siempre se ha dado con gobiernos del partido “tricolor”, por lo que es necesario que la población sanjuanense conozca las afectaciones que las administraciones han dejado a las finanzas del municipio, además que con ese recurso se pueden realizar obras que beneficien a la población.
“Estamos luchando por mejorar y dignificar espacios públicos, y hoy tenemos funcionarios que fueron grises y opacos, que quieren llevarse un millón de pesos, probablemente la ley los respalde, pero que la ciudadanía sepa cómo actúan y simulan”, apuntó.
Vega Guerrero puntualizó que su administración no solapará ninguna irregularidad, aclarando que tampoco es consigna política, ya que todos los procesos se encuentran bajo la legalidad y ante las instancias correspondientes.
Refirió que la ciudadanía es quien juzgará el actuar de los políticos, pues como servidores públicos deben vigilar y cuidar el bienestar de la sociedad sanjuanense y no afectar las finanzas del gobierno.
“Es bueno que la gente se de cuenta de las bajezas con las que se ha manejado el gobierno que se fue, nunca hicieron nada, fueron omisos, flojos, pero además hoy quieren seguir chupando sangre a San Juan, yo lamento mucho eso, pero yo me voy a encargar de que los sanjuanenses sepan que clase de gente los gobierno hace 3 años”, indicó.
El alcalde manifestó que aún no están terminados los procesos, sin embargo calificó el marco jurídico en el país como “pésimo”, pues aún existen obstáculos para combatir la impunidad en este tipo de casos.
Añadió que la implementación del Sistema Nacional y Estatal anticorrupción deberán dar mayores elementos para procesar a actuales y pasados funcionarios, evitando amparos y fugas legales que afecten a los gobiernos en turno.
“Los ex funcionarios no pueden dormir tranquilos, porque en algún momento les llegará su hora, porque al final del día quien robó y quien hizo mal las cosas lo va a pagar, porque hoy más que nunca hoy hay una sociedad participativa, que demanda que se acabe esta situación”, finalizó.