Preocupa a ONU y CIDH la ley nicaragüense sobre víctimas

Washington, 4 Jun (Notimex).- Ley de Atención Integral a Víctimas de Nicaragua no contempla “ninguna medida” para garantizar el acceso a la justicia a las personas afectadas por las protestas que estallaron hace un año contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, indicaron Naciones Unidas y la CIDH.

Esa ley no cumple con las normas y estándares internacionales en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, señalaron en un comunicado conjunto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

Aunque en su primer artículo habla sobre la regulación, atención y reparación integral de las víctimas y sus familiares, el texto de cinco artículos -aprobado la semana pasada por el Congreso nicaragüense- se limita a establecer una política general de acceso a servicios de educación, vivienda, trabajo, salud y recreación.

Señalaron que la reparación de las víctimas debe ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido, además de contar con una perspectiva de género e interculturalidad.

La CIDH y la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) consideraron que la norma aprobada no garantiza el derecho a una reparación integral conforme al derecho internacional de los derechos humanos.

Lamentaron la aprobación expedita de dicha ley y la ausencia de un proceso abierto, transparente y de consulta con la sociedad civil y las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos ampliamente documentadas, de acuerdo con el comunicado publicado en la página web de la OACNUDH.

El cumplimiento de dichas condiciones es indispensable para garantizar la continuidad, legitimidad y vigencia de cualquier programa o ley de reparación integral.

Reiteraron su preocupación por la falta de voluntad del Estado para el esclarecimiento de la verdad respecto las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto de las protestas iniciadas el 18 de abril de 2018, que dejaron más de 300 muertos

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos -ambas dependientes de la Organización de Estados Americanos (OEA)-, las obligaciones de investigar, determinar y sancionar a los responsables por graves violaciones de derechos humanos tienen carácter irrenunciable.

La CIDH y la OACNUDH lamentaron que la ley aprobada se refiera al “intento fallido de golpe de Estado”, ya que reproduce una narrativa que estigmatiza, revictimiza y descalifica a las mismas víctimas de la represión estatal a las protestas y a sus familiares.