EEUU, 7 Junio 2025.- Vestidos de calle, con el rostro totalmente cubierto unos y otros a cara descubierta, agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) se abalanzaron este viernes en el pasillo de un tribunal de inmigración del sur de Manhattan sobre dos inmigrantes que habían acudido a una cita rutinaria.
"¡No se mueva!", "¡No se resista!", gritaban los agentes a los dos hombres inmovilizados en el piso tras salir de la sala del tribunal adonde acudieron a una cita en su proceso migratorio.
Los agentes los maniataron por la espalda antes de desaparecer por los ascensores desde la planta 12 del Tribunal de Inmigración, donde este viernes podría haber acabado su sueño americano.
En las últimas semanas, el ICE ha intensificado sus operaciones dentro y en los alrededores de los tribunales de inmigración.
En enero, el Departamento de Seguridad Interior (DHS, por su sigla en inglés) revocó directrices previas que limitaban el acceso del ICE a "zonas protegidas" como los tribunales.
Un familiar que acompañó a la cita a uno de los detenidos, el dominicano Joaquín Rosario, de 34 años, explicó que éste había llegado hace un año a Nueva York "chequeado" (inscrito) en la frontera. Este viernes tenía su primera cita en la corte sobre su caso.
"Venía tranquilo, no pensaba que le iba a pasar nada", dijo a la AFP Julián Rosario, que no quiso especificar su parentesco, todavía impactado. Tan seguro venía que ni siquiera estaba acompañado por un abogado, agregó.
El otro detenido, de rasgos asiáticos, llegó solo y fue escoltado por uno de los numerosos voluntarios de organizaciones protectoras de los derechos humanos que abundan en torno a los ascensores, al lado de los agentes del ICE.
Los voluntarios acompañan a los inmigrantes en el camino a su cita en la sala de la corte y después hacia la salida, en un intento de garantizar su seguridad.
De nada sirvieron sus gritos para impedir que los agentes del ICE llevaran acabo su operación.
Antes, otros migrantes, incluidas familias, que habían acudido a su cita en la corte, se fueron sin ser perturbados.
Una pareja de venezolanos que no quisieron dar su nombre estaban exultantes porque la próxima cita será en 2027.
- "Sonar la alarma" -
"Esto no había pasado nunca", murmura perplejo a la AFP un guardia de seguridad que lleva trabajando "varios años" en el tribunal, también inmigrante.
Estas acciones han puesto en pie de guerra a los grupos defensores de los derechos humanos, que alegan que socavan la confianza en el sistema judicial y dejan a los inmigrantes en el dilema de acudir o no a una cita para su proceso migratorio.
Uno de los primeros detenidos bajo esta nueva modalidad en Nueva York fue el venezolano de 20 años Dylan López Contreras, el pasado 21 de mayo, tras acudir a una cita rutinaria en el tribunal de migración del sur de Manhattan.
Había entrado al país hace un año con un permiso humanitario y había solicitado asilo. Sus abogados presentaron el 29 de mayo una solicitud de habeas corpus porque su detención "viola la cláusula del debido proceso" y los procedimientos administrativos.
"Son secuestros ilegales", dice la activista y funcionaria del sistema judicial Karen Ortiz, que este viernes se manifestaba cerca de la corte para pedir que se "pare la guerra contra los inmigrantes".
"Estamos en el punto en que tenemos que hacer sonar la alarma y mostrar al público lo grave que es esto y una forma en la que podemos hacerlo es poniéndonos físicamente entre un agente del ICE enmascarado y alguien a quien están tratando de detener y enviar lejos" a las personas afectadas.
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero pasado, la administración de Donald Trump ha convertido la lucha contra la inmigración -a la que considera una "invasión" de criminales"- uno de los ejes de su política.
Además de proceder a redadas, detenciones arbitrarias y deportaciones -entre ellas las de 252 venezolanos enviados a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador- así como detenciones de estudiantes propalestinos y revocación de visados a alumnos extranjeros- esta semana anunció el veto o restricciones de entrada a ciudadanos de 19 países, entre ellos Haití, Cuba y Venezuela.
Ello se suma a la decisión de revocar el permiso de estancia temporal a 532.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
