Ciudad de México, 7 de octubre de 2026.- La reciente captura de Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, volvió a colocar bajo revisión un historial de más de una década en el que autoridades mexicanas y estadounidenses lo han relacionado con la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación, el robo de hidrocarburos y operaciones financieras y empresariales utilizadas presuntamente para sostener actividades ilícitas.
Su nombre apareció públicamente desde 2015, cuando la entonces Policía Federal lo identificó como uno de los principales operadores del CJNG y lo señaló por su probable participación en el ataque contra un helicóptero de las Fuerzas Armadas ocurrido el 1 de mayo de ese año en Jalisco.
La aeronave fue atacada durante la llamada Operación Jalisco, desplegada por fuerzas federales contra la estructura encabezada por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.
El ataque contra el helicóptero se convirtió en uno de los episodios de mayor confrontación directa entre el grupo criminal y las fuerzas federales durante esa etapa.
En noviembre de 2015, Cazarín Molina fue detenido por primera vez. La Policía Federal lo presentó entonces como uno de los hombres de mayor jerarquía dentro del CJNG y como una persona cercana al liderazgo de Oseguera Cervantes.
Años después, su actividad comenzó a ser asociada de manera más amplia con el negocio del robo y comercialización ilegal de hidrocarburos.
Investigaciones atribuidas a autoridades de México y Estados Unidos colocaron a “El Tanque” al frente de operaciones principalmente en Veracruz, pero con alcance en Oaxaca, Tabasco y Puebla. La estructura habría combinado robo de combustible, narcotráfico, extorsión, tráfico de armas y lavado de dinero.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en septiembre de 2024 dentro de una red sancionada por actividades relacionadas con hidrocarburos robados. La investigación estadounidense identificó al menos ocho personas y 26 empresas vinculadas con esa estructura.
De acuerdo con esa información, el combustible era obtenido mediante conexiones ilegales a ductos de Petróleos Mexicanos y posteriormente almacenado en instalaciones con capacidad para manejar grandes volúmenes.
Una parte de ese combustible habría sido comercializada mediante gasolineras y empresas aparentemente legales, mientras otra habría sido colocada con intermediarios que lo introducían al mercado estadounidense, principalmente en Texas.
La dimensión empresarial atribuida a esa red creció con investigaciones periodísticas posteriores. Mientras el Departamento del Tesoro sancionó 26 compañías, otros trabajos han identificado hasta 49 sociedades relacionadas con personas o estructuras vinculadas con Cazarín Molina.
Veracruz aparece como uno de los ejes principales de esas operaciones. Autoridades estadounidenses identificaron esa entidad como punto relevante para extracción, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos, mientras la influencia territorial atribuida a “El Tanque” se extendía hacia Oaxaca, Tabasco y Puebla.
Ese crecimiento convirtió el robo de combustible en una fuente relevante de ingresos para la estructura criminal, paralela al tráfico de drogas y otras actividades que históricamente han sido atribuidas al CJNG.
La trayectoria atribuida a Cazarín Molina muestra así dos etapas claramente diferenciadas: una primera vinculada con operaciones armadas y confrontación directa con fuerzas federales, y otra caracterizada por estructuras financieras, empresas y comercialización clandestina de hidrocarburos.
La captura registrada esta semana en Zapopan no sólo representa una nueva actuación judicial contra “El Tanque”; también reabre expedientes acumulados desde 2015 y coloca nuevamente bajo escrutinio la red económica que autoridades de ambos países le atribuyen.
Cazarín Molina permanece sujeto a investigación y los señalamientos en su contra deberán ser acreditados ante las instancias judiciales correspondientes. Su detención no equivale por sí misma a una sentencia ni acredita responsabilidad penal definitiva.
