Querétaro, 11 de agosto de 2026.- El fiscal general del estado, Víctor Antonio de Jesús Hernández, descartó que el caso denunciado por integrantes de la familia Urquiza como un despojo de bienes con participación de un político tenga ese carácter.
A su juicio, se trata de un conflicto familiar derivado de un proceso de herencia, designación de albacea y distribución de la masa hereditaria.
"Lo que sí les puedo compartir es que es más un tema familiar", señaló el fiscal en conferencia de prensa.
Hernández precisó que quien activó la carpeta de investigación que derivó en las actuaciones de la Fiscalía es una familiar directa de la persona que hacía el señalamiento.
Añadió que los testimonios que sirvieron para integrar la carpeta también corresponden a personas con vínculo de parentesco —en el grado de tíos— con quienes están involucrados en el caso.
Con ese antecedente, el fiscal explicó que el trasfondo del asunto es "lo que básicamente es un conflicto familiar respecto de una masa hereditaria", y que en algún punto generó la designación de un albacea.
Indicó que la determinación de a quién le asiste el derecho sobre los bienes en disputa corresponde a la autoridad judicial en la instancia correspondiente, no a la instancia penal.
Hernández subrayó que la Fiscalía tiene la obligación de investigar de forma exhaustiva, agotar todas las líneas de investigación y hacer uso de las técnicas que autoriza la legislación, y que sus actuaciones han estado sujetas a control judicial.
Reconoció que "no advertimos más que una situación donde se tendrá que determinar por la autoridad judicial competente a quién le asiste el derecho".
