Ciudad de México, 20 de agosto de 2026.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo la vinculación a proceso de Pablo "N" e Irvin "N" por su probable participación en el delito de extorsión agravada, en hechos ocurridos en la colonia Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía CDMX, el 1 de junio de 2026 un grupo de hombres armados entró al domicilio de la víctima para exigirle 30 mil pesos como derecho de piso.
Durante la agresión, dos menores de edad y una testigo fueron amenazados con armas de fuego, por lo que la víctima entregó 5 mil pesos. Los agresores provocaron daños a la propiedad y le exigieron una nueva entrega de 50 mil pesos antes de retirarse.
El 16 de junio, desde la azotea de un inmueble colindante, los agresores reclamaron el pago de los 50 mil pesos. Al no recibirlo, dispararon contra la víctima y sus familiares, quienes lograron resguardarse. Posteriormente descendieron y realizaron seis disparos contra el zaguán de la vivienda, con amenazas de muerte si no se entregaba el dinero.
Tras la denuncia presentada el 26 de junio, la Fiscalía CDMX recabó testimonios e integró peritajes en criminalística que documentaron los impactos de arma de fuego.
La víctima identificó a Irvin "N" y Pablo "N", lo que junto con los demás datos de prueba permitió establecer su probable participación y obtener las órdenes de aprehensión.
El 11 de agosto, agentes de la Policía de Investigación localizaron a ambos en la alcaldía Coyoacán y ejecutaron las órdenes. El 16 de agosto, durante la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba recabados y logró la vinculación a proceso por extorsión agravada.
Los imputados permanecerán en prisión preventiva mientras continúa el proceso penal. El juez fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.
De conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales y el principio de presunción de inocencia, las personas mencionadas en este comunicado se consideran inocentes en tanto no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional competente.
