Querétaro tiene 14 desarrollos en suelo no urbanizable vendiendo sin poder escriturar

De 557 desarrollos activos, 14 están en áreas de protección ecológica o conservación agropecuaria; el alcalde Felifer Macías descartó cambios de uso de suelo en esta administración.

Vista panorámica de la ciudad de Querétaro, donde el municipio identificó desarrollos inmobiliarios asentados en suelo no urbanizable.

El municipio de Querétaro identificó 14 desarrollos inmobiliarios ubicados en suelo no urbanizable, clasificados en color rojo dentro del Semáforo Inmobiliario.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Querétaro, 4 de agosto de 2026.- Catorce desarrollos inmobiliarios ofrecen en venta terrenos o viviendas en el municipio de Querétaro sobre predios con uso de suelo no urbanizable —zonas de protección ecológica o conservación agropecuaria— sin posibilidad real de escrituración en esta administración, informó Gerardo Romero Altamirano, secretario de Desarrollo Urbano municipal.

La advertencia fue presentada el lunes 4 de agosto durante la conferencia de prensa en la que Romero Altamirano entregó los resultados del semáforo inmobiliario correspondientes al periodo julio 2025-julio 2026. Los 14 desarrollos encabezan la lista pública en rojo, la categoría más grave del sistema, por encima del resto de los fraccionamientos y condominios con incumplimientos acumulados.


"El alcalde desde el principio lo dijo con mucha claridad: esta administración no va a cambiar suelos de protección ecológica a un suelo urbanizable", señaló el secretario. La clasificación de esos predios está fijada en el Programa Municipal de Desarrollo, aprobado por el ayuntamiento y publicado en el Registro Público de la Propiedad. Modificarla requeriría un acuerdo de cabildo que la administración actual descartó.

Tres de los 14 desarrollos en suelo no urbanizable se concentran en la zona de Santa Rosa Jáuregui y Félix Osores, y eran comercializados desde una sola oficina de ventas en San Franciscoquito, clausurada la semana pasada en un operativo encabezado por el alcalde Macías. De acuerdo con Romero Altamirano, la misma empresa estaría iniciando la promoción de un cuarto desarrollo cuya ubicación aún no ha sido confirmada por la dependencia.

Algunos de estos proyectos despliegan maniobras para aparentar actividad: realizan dos o tres acciones en el terreno —mover maquinaria, levantar alguna estructura mínima— y después se detienen. Cuando los inspectores llegan, no encuentran nada que clausurar formalmente. El municipio monitorea esas zonas de manera continua y actúa en cuanto detecta a cualquier persona o equipo trabajando.

El semáforo también registró 52 desarrollos adicionales que se ofrecen en el mercado sin contar con las condiciones normativas para vender, sin estar necesariamente en suelo no urbanizable. En total, el sistema tiene activos 557 desarrollos —57 fraccionamientos y 500 condominios— del periodo 2020-2026. El 90% del inventario son condominios, una proporción que el secretario vinculó a la dinámica inmobiliaria sostenida de la capital: 202 desarrolladores vigentes provenientes de múltiples estados del país.

El incumplimiento más frecuente en ambas modalidades es el retraso en tiempos y obligaciones con las dependencias municipales: pagos de publicaciones, acuerdos de cabildo, registro en el Registro Público y renovación de licencias de construcción o urbanización. El 38% de las 4,486 reuniones sostenidas con desarrolladores en el último año tuvo como eje el seguimiento a esos compromisos pendientes.

Las multas por construcción o urbanización sin licencia no tienen monto fijo: se calculan en función del porcentaje de avance de la obra irregular y pueden ir de 10,000 pesos a más de tres millones, según el tamaño del proyecto. En el último año la dependencia emitió 108 órdenes de inspección, 28 órdenes de clausura de obra y 15 órdenes de verificación.

Para quienes ya compraron en alguno de estos desarrollos, Romero Altamirano explicó que el municipio no puede impedir una operación entre particulares, pero sí puede orientar a los afectados. Las vías disponibles son la demanda civil por incumplimiento contractual o la denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado por delitos contra el desarrollo urbano.