Ciudad de México.- Ante las variaciones del presupuesto destinado a la atención de niñas, niños y adolescentes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a realizar las modificaciones normativas pertinentes para que este presupuesto anual se incremente progresivamente y se eviten medidas regresivas.
En el informe especial “Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México. Diagnóstico y propuestas para su protección y garantía”, realizado por la CNDH, se expone que en 2019 se redujo el presupuesto destinado a la infancia, integrado en el Anexo Transversal 18 “Recursos para la atención de niñas, niños y adolescentes”.
El estudio muestra que en 2019 los recursos para la infancia se ubicaron en 762 mil 007 millones de pesos (mdp), una reducción de 35 mil 715 mdp con respecto a lo aprobado por la Cámara de Diputados para 2018, cuando el monto fue de 797 mil 722 mdp. Además, los rubros del presupuesto con mayores recortes fueron los programas de Bienestar, la asignación a la Fiscalía General de la República, así como al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Si bien en 2021 el presupuesto del Anexo 18 tuvo un incremento al ser de 791 mil 684 mdp, el incrementó no alcanzó la cifra de 2018. Es por esto que en el informe especial se propone considerar los recursos para los programas prioritarios para la atención de los grupos con mayor riesgo de vulnerabilidad, a fin de que la asignación de su presupuesto trascienda a los cambios de administración.
Desde hace dos años el Gobierno federal, a través de Hacienda, recorto el presupuesto del rubro de Bienestar, lo que implicó la desaparición de programas como el de Jornaleros agrícolas, el Programa de Coinversión Social, el Programa Prospera de Inclusión Social, y el Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, el cual fue sustituido por el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras con un monto menor en comparación con 2016.
Otros programas como Abasto de leche, el Seguro de Vida para Jefas de Familia, y el Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades federativas, por medio del cual se entregan recursos para refugios que atienden a mujeres, sus hijas e hijos en situaciones de violencia, fueron reubicados en otros rubros del presupuesto no relacionados directamente con los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Por otra parte, la CNDH documentó que en 2017 la Auditoria Superior de la Federación realizó seis revisiones a diferentes programas presupuestarios que forman parte del Anexo 18, así a como al 26 por ciento de los recursos totales asignados en ese año y de esa revisión concluyó que no no existía una clara focalización para operar la política pública de atención de la población infantil y adolescente, ya que 89 programas presupuestarios se enfocaron a atender a la población en general y no a la infancia.
Otro informe del colectivo Pacto por la Primera Infancia indica que los programas sociales para niños de cero a seis años encontró que entre 2018 y 2020 se eliminaron 17 programas presupuestales asociados a la primera infancia y surgieron siete programas nuevos; mientras que la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) informó que el presupuesto 2021 presentó una disminución de recursos para el Programa de Salud Materna y Reproductiva y el Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de Asistencia Social del Sistema Nacional DIF.
Con esta evidencia, el organismo defensor de los Derechos Humanos también exhortó a garantizar el incremento progresivo del pospuesto destinado a la niñez y realizar diagnósticos sobre el cumplimiento y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes en México, que incluyan la medición de los efectos adversos generados por la pandemia de COVID-19, para a partir de ello, encauzar las políticas públicas a nivel nacional.
Asimismo, recomendó atender, en la programación y presupuestación anual federal, estatal y municipal, las consideraciones contenidas en la Observación General No. 19 del Comité de los Derechos del Niño, respecto a los estándares para la asignación presupuestaria en materia de niñez y adolescencia, privilegiando el interés superior de la niñez.
Otra propuesta de la CNDH fue realizar estudios específicos sobre las necesidades de recursos económicos, materiales y de personal de cada Procuraduría estatal y municipal de atención a la infancia y adolescencia para dotarlas de los recursos suficientes para el cumplimiento de sus objetivos, considerando las diferentes problemáticas que afectan a esta población en los contextos de cada entidad federativa.