Oaxaca, 28 de septiembre de 2026 (SEMlac).- La comunera Sandra Cárdenas Ortega denunció ante la Vicefiscalía de la Costa que hombres con ropa de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) la desalojaron de su restaurante ¡Ay Caray!, en playa Maguey, y que uno de ellos la agredió sexualmente la noche del 18 de septiembre.
Siete hombres y una mujer vestidos con ropa de la AEI, corporación dependiente de la Fiscalía de Oaxaca, le dijeron que realizaban "un desalojo" a nombre del fiscal general, Bernardo Rodríguez Alamilla, sin presentar ningún documento, relató Cárdenas Ortega.
Según su testimonio, uno de los elementos la llevó a la cocina y le realizó tocamientos.
Los hechos ocurrieron a las 22:40 horas. La denunciante afirmó que los supuestos agentes, que no se identificaron, la amenazaron con armas de fuego y apuntaron a la cabeza y al pecho de ella, de una empleada, de su prima y de su esposo, a quienes mantuvieron sometidos durante más de una hora entre amenazas e insultos.
Cárdenas Ortega sostuvo que los hombres repitieron que cumplían órdenes de su jefe, "el fiscal Bernardo", y que le arrebataron la bolsa con el dinero de las ventas del establecimiento, además de las cámaras y los equipos de videovigilancia.
Tras el desalojo, de acuerdo con su relato, entraron al restaurante Sofía Cassandra Salinas Elizondo y una persona llamada Álvaro, quienes sacaron a la calle las pertenencias, los insumos y los alimentos del negocio.
La comunera fundó el establecimiento hace 25 años, desde que se le dio posesión del predio. En la Fiscalía Local de Santa Cruz Huatulco interpuso una denuncia contra Salinas Elizondo por la probable comisión de los delitos de despojo, amenazas y los que resulten.
Cárdenas Ortega acusa que Salinas Elizondo ha pretendido adueñarse del predio con el argumento de que tiene amistad con la secretaria de Turismo del estado, Saymi Pineda.
En marzo pasado, la comunera relató a SEMlac que una enfermedad la obligó a ausentarse varios meses del negocio y que pidió a Salinas Elizondo que lo administrara. Según su versión, Salinas aprovechó ese encargo para solicitar al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) que le escriturara el predio a su nombre.
Cárdenas Ortega había iniciado en 2025 el trámite de escrituración, pero en Fonatur le respondieron que "las ventas estaban suspendidas hasta un nuevo aviso".
El 11 de diciembre de 2025 se publicó la venta dirigida del lote sin notificación directa a ella. Ocho días después, Cecilia Andrés Reyes, responsable de ventas de Fonatur, le indicó que debía presentar documentación el 30 de diciembre y le requirió un contrato de comodato.
Posteriormente se comunicó con Josué Linas Ángeles, quien labora en las oficinas de Fonatur México y le indicó que la fecha límite "real" para ingresar documentos era el 22 de diciembre.
Ese día acudió con su documentación, pero Andrés Reyes se negó a recibirla y le respondió que "sólo estaba recibiendo órdenes", sin especificar de quién ni por qué.
La comunera sostiene que desde 2019 se presentó en las oficinas de Fonatur Huatulco para realizar la operación y que Andrés Reyes tampoco le recibió los documentos entonces; de acuerdo con Cárdenas Ortega, esa fue una de las razones por las que la funcionaria fue despedida recientemente.
El 30 de diciembre, Fonatur Huatulco formalizó la compraventa del predio a favor de Salinas Elizondo.
"Yo no pido privilegios, pido seguridad, legalidad y justicia", declaró Cárdenas Ortega, quien pidió la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del gobernador Salomón Jara Cruz para que se garantice una investigación imparcial.
